Propuesta de ley busca estabilidad para los abogados

La Academia Panameña de Derecho Administrativo y Abogados presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley que busca dar estabilidad a los abogados que prestan servicios en las instituciones del sector público.

La iniciativa, que fue presentada ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, busca establecer los objetivos, requisitos de ingreso, incompatibilidades, las bases para determinar ascenso y promociones de las categorías, así como los términos para la remuneración de los profesionales del derecho que ejerzan en el Estado.

La iniciativa fue presentada por los abogados Carlos Vásquez y Alfonso Fraguela.

Fraguela, en conversación con La Estrella de Panamá explicó que la intención es mantener a los profesionales del derecho al margen de los cambios políticos, pues se trata de un personal técnico que brinda su servicio a las instituciones en las cuales trabajan de acuerdo al requerimiento jurídico y no a los cambios políticos.

Se establece en la propuesta, que consta de 17 artículos, que los abogados al servicio del Estado estarán sujetos a las normas legales de acuerdo a las funciones que realizan y al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Según explicó Fraguela, la propuesta establece que mientras los abogados estén al servicio del Estado, no podrán litigar ni ejercer privadamente en el área relacionada con sus funciones.

Actualmente en Panamá hay 22,684 idoneidades expedidas, cifra que va en aumento con la graduación de nuevos profesionales de los centros de estudios superiores de los cuales un porcentaje significativo presta servicios en el sector público.

La Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, luego de evaluar la iniciativa y establecer que cumple con los requisitos para convertirse en anteproyecto de ley, trasladó a los proponentes el documento para su revisión final y aprobación.

El anteproyecto de ley, que consta de 17 artículos, establece que los abogados al servicio del Estado, ya sea que laboren en los ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas, municipios y sus dependencias, y en cualquier organismo estatal y las empresas en que el Estado es accionista, gozarán de estabilidad condicionada, únicamente a su competencia, lealtad y ética en el servicio.