Abogados de Waked apelarán decisión de la Corte Suprema

El grupo de asesores legales del empresario Abdul Waked se prepara para presentar un recurso de apelación dentro del proceso contencioso administrativo interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema.

María del Pilar Vásquez, abogada de Waked, informó que hasta el momento, como representantes legales del empresario, no han sido notificados de la resolución de no admisión de la demanda; sin embargo, ya medios de comunicación locales han informado de la misma.

RECLAMO ANTE EL BNP

El empresario pide una indemnización por $165 millones

El reclamo es por daños y perjuicios por la acción u omisión de las funciones legales.

La demanda se interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema.

Se trata de la demanda por daños y perjuicios presentada el 2 de junio de 2017 ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Según las versiones de prensa, la decisión fue tomada por el magistrado sustanciador Abel Zamorano.

En este caso, el magistrado Zamorano decidió no admitir la demanda alegando que el Banco Nacional de Panamá actuó como entidad bancaria y no como representante del Estado panameño, por lo que no le cabe responsabilidad al banco ni al Estado panameño y por ende la Sala no es competente para conocer del proceso incoado.

Los abogados consideran que si esta es la causal para no admitir la demanda, no es posible que el banco pueda desligarse de su rol como institución representante del Estado panameño y que toda su actuación se enmarca en esta responsabilidad y que todos los hechos se imputan dentro de sus actos administrativos.

NOTIFICACIÓN PENDIENTE

Una vez se reciba la notificación formal, la apelación será presentada ante la misma Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

El recurso de apelación sería atendido por los otros dos integrantes de esta Sala, Luis Ramón Fábrega y Cecilio Cedalise, quienes deberán conocer de la demanda presentada y pronunciarse de manera colegiada en cuanto a su admisión.

En la demanda, la defensa de Waked exige $165 millones por los daños y perjuicios que se causaron al empresario por la venta de Félix B. Maduro y demás empresas de este grupo.

Las empresas del grupo Felix B. Maduro fueron incluidas en la ‘Lista Clinton' por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La venta se realizó a través de un fideicomiso que fue creado luego de que el Estado designó una comisión interministerial para ver este proceso.

RESPONSABLE SOLIDARIO

El equipo de defensores de Waked considera que el Estado panameño es responsable ‘solidario' por las acciones u omisiones que generaron los resultados de la venta del grupo.

Hasta el momento, a pesar de que median solicitudes formales, el Banco Nacional de Panamá ni ninguna otra institución del Estado ha informado a Waked de la manera en que se vendieron las acciones de las empresas de Felix B. Maduro; tampoco se conoce el monto o las condiciones en que se completó la transacción que se realizó a través del fideicomiso que es administrado por el Banco Nacional de Panamá.

A juicio de la abogada, hay una serie de violaciones legales y constitucionales en las que incurrieron funcionarios del Estado, y eso es lo que pretenden demostrar en la apelación.

La abogada relata en el documento presentado que en este caso, sin que mediara causa legal o civil en el territorio panameño contra las empresas de Waked, el Estado panameño, por conducto del Ejecutivo y el Banco Nacional de Panamá, quien figuró como ‘fiduciario', se procedió con la desprotección del derecho a la propiedad privada consagrada en la Constitución Política de la República de Panamá.

Todo esto ocurrió ‘a través de la presión e intimidación ejercida para el traspaso de los activos a terceros, so pretexto de salvaguardar la seguridad laboral, pero pasando por alto la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad privada y faltando a las garantías y derechos fundamentales del empresario Abdul Waked.

En la demanda se establece que todo esto sucedió violando normas constitucionales y anteponiendo a la ley panameña, imposiciones y el beneplácito de una entidad extranjera que no tiene ninguna injerencia en el territorio nacional.

Ante todos los hechos descritos, los abogados insisten en que el Estado es responsable de la actuación u omisión en que incurrieron tanto el Banco Nacional de Panamá como las personas que actuaron en el proceso de la venta de Felix B. Maduro y las empresas del grupo.

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INCONGRUENCIAS DE LA GESTIÓN ESTATAL

En la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados de Waked, se pone además en evidencia una serie de incongruencias de la gestión que ha realizado el Estado panameño en el proceso.

En el texto de la demanda se resalta como un hecho de extrañar que quince días después de la inclusión de Abdul Waked en la ‘Lista Clinton', ya existía un borrador del fideicomiso de Felix B. Maduro, aprobado por el Gobierno Nacional, lo cual se demuestra con copias de correos electrónicos que fueron incluidos en la demanda.

A la vez, se alega en la demanda que dicho borrador fue sometido a la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo cual también queda evidenciado, según los abogados, en correos incluidos como pruebas.

También se hizo mención a la comisión gubernamental encargada de ‘negociar con el Gobierno de los Estados Unidos' y ‘salvaguardar los puestos de trabajo', entre otras cosas.

En este caso se denuncia que este ente inició funciones casi un mes antes de ser constituido. La Comisión fue creada el 3 de junio de 2016 y esa misma fecha se firmó el fideicomiso de Felix B. Maduro.