Asamblea consulta cambios a impuesto inmobiliario

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea inició este miércoles el filtro a las opiniones sobre el proyecto de ley 509, de impuestos de bien inmueble.

Según la mayoría de las opiniones emitidas ayer, la iniciativa es ‘buena', aunque es necesario ajustar temas relativos al concepto de ‘patrimonio familiar', así como lo relacionado a la carga impositiva al sector empresarial, una mayor rebaja de la tarifa progresiva e incluso surgió la idea de eliminar dicha tributación, así como extender el rango de las exoneraciones.

METODOLOGÍA DE CONSULTA

Los diputados no descartan extender el período de consultas

Los participantes tendrán diez minutos para aportar sus ideas en la consulta del proyecto de ley.

Se anotaron más de cien panameños y a cada uno se le llamará para que exponga su argumento.

Catorce panameños de cerca de cien anotados expresaron su opinión. El primero en hacerlo fue el abogado y exmagistrado Gerardo Solís, también aspirante presidencial del PRD. Luego fueron escuchados el alcalde de Colón, Federico Policani; representantes del Colegio de Abogados, del Colegio de Economistas capítulo de Colón; de Apede, del Sindicato de Industriales, de la Agencia Panamá Pacífico, de empresas distribuidoras de energía y de firmas de abogados.

Los participantes consideraron que introducir el concepto de ‘patrimonio familiar tributario' traerá confusión y lo calificaron como una figura ‘distorsionadora' y que implica un acto ‘discriminatorio'.

Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, señaló que el proyecto de ley debe ser revisado como tema tributario, porque es un concepto discriminatorio. ‘No creemos que es bueno castigar al sector privado, porque en el proyecto se le quita incentivos y aumenta impuestos con el fin de buscar una renta sustitutiva', reclamó.

En el proyecto se eliminan los incentivos al sector de la construcción, lo mismo pasa con las exoneraciones a las zonas francas, hidroeléctricas y turismo, a lo que se oponen los empresarios.

A criterio de los concurrentes, se confunde ‘el agua con el aceite' porque el impuesto, según el Código Fiscal, se rige por la finca y no por su condición civil. Se trata de beneficiar a todos los que posean una residencia con un valor catastral menor de $120,000, no de crear un fuero debido al estado civil de la persona.

El segundo aspecto que sobresalió en esta primera reunión fue el cambio que sugiere este proyecto de ley referente a seleccionar a las empresas con regímenes especiales fiscales como renta sustitutiva.

De acuerdo con los argumentos, se perjudica las grandes actividades de inversión y se atenta contra la seguridad jurídica. Dijeron que se envía un mensaje negativo con estas modificaciones.

Solís consideró que es mejor eliminar ese tributo, lo que representaría, según su posición, mayor inversión de capital extranjero en el país.

También opinó que el impuesto debe cobrarse cuando la persona vende ese activo, o sea, su residencia.

Antes de iniciar las consultas públicas, la diputada presidenta de la Comisión de Economía y Finanzas, Dana Castañeda, informó que se concederán diez minutos de exposición a cada participante, con la condición de que se hagan distintos planteamientos para evitar que se redunde en los mismos puntos que se discuten.

Las consultas se reanudan hoy y se extenderán hasta que exponga el último en la lista.