Puerto de Rodman opera entre denuncia penal y demanda

Los abogados Víctor Martínez y Guillermo Cochez se quejan del Ministerio Público porque, después de tres meses de haber presentado una denuncia penal contra la concesión portuaria en la antigua base de Rodman, ‘no se ha hecho nada'.

Ante la inacción del Ministerio Público, el abogado Martínez dijo que elevará la denuncia a una querella penal, lo que representa que ellos se convertirían en parte del proceso y presentarán pruebas.

CONCESIONES Y OPERACIÓN

El puerto de Rodman inició operaciones en diciembre de 2010

En 1997 Pimsa recibe una concesión del Estado para desarrollar actividades relacionadas con el derivado de petróleo.

En el 2008 se aprobó la Ley 36 que otorga a PSA una concesión para un puerto sobre los mismos terrenos.

La denuncia penal es específicamente contra directivos de las empresas Parque Industrial Marítimo de Panamá (Pimsa) y PSA Panama International Terminal, S.A., exfuncionario y funcionario, como el caso del actual director de la Unidad de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas, Luis Felipe Icaza, y el exministro de Comercio e Industrias Alejandro Ferrer.

La denuncia también incluye a Guillermo Liberman, director de Pimsa; David Antonius Yang, director de PSA; María Luisa Fábrega, directora de Pimsa, entre otras personas naturales.

La denuncia penal presentada por la firma Cochez & Martínez se sustenta, entre otros aspectos, en que la concesión otorgada a PSA, mediante la Ley 36 del 19 de junio de 2008, se desarrollaría sobre el polígono cuatro ubicado en la antigua base naval de Rodman, el cual había sido previamente otorgada en concesión a Pimsa.

La empresa Pimsa, agrega la demanda, bajo las normas del contrato de concesión No. 012-97 del 14 de enero de 1997, y sus modificaciones, no le permite legalmente subarrendar dichos bienes. A juicio de los abogados, la concesión a PSA se realizó bajo el supuesto de que la empresa arrendaría el terreno a Pimsa.

En la demanda también se menciona que el Ministerio de Economía y Finanzas, durante la actual administración gubernamental, segregó de la finca 182954-8720 tres lotes para que formen fincas aparte y vendiese a la sociedad Pimsa por un valor inferior al valor catastral dicha zona.

‘Este hecho refleja una actitud dolosa y atenta contra los intereses nacionales de quienes facilitaron a la mencionada sociedad la adquisición de unas parcelas de terreno por un valor inferior', señala la demanda.

En la denuncia también se cuestiona que la sociedad PSA es subsidiaria del Grupo PSA Global, que mantiene intereses o relaciones con el Estado de Singapur y así, quedó establecido en la Resolución de Gabinete No. 156 del 5 de diciembre de 2007. Igualmente está relacionada con las sociedades Serviamerica Corp. y Pimsa, hasta el punto que han compartido entre sí directores, dignatarios y oficinas.

La relación de PSA con el gobierno del país asiático es mencionada en un portal sobre logística en Panamá. ‘PSA Panama International Terminal es una nueva terminal portuaria construida por una empresa pública del Gobierno de Singapur en el lado oeste de la entrada Pacífica del Canal, precisamente en la antigua base naval de Rodman', señala la página web http://logistics.gatech.pa en su versión en español.

La terminal inició operaciones en diciembre de 2010 con la recepción de productos de hierro y otros suministros para la expansión del canal. Sus operaciones de contenedores comenzaron formalmente en 2012, alcanzando el manejo de 53,460 TEU, agrega el portal.

‘Contrario a otras actuaciones del Gobierno de Panamá, se ha permitido que una empresa donde un Estado, como el de Singapur, posea intereses en territorio panameño, lo que equivaldría que Panamá instale operaciones portuarias en otro país, lo cual no le sería permitido', señala la denuncia presentada por Martínez y Cochez.

A renglón seguido, cita el artículo 290 de la Constitución, que prohíbe que gobierno extranjero pueda adquirir el dominio sobre alguna parte del territorio nacional.

Por esta razón, los abogados presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra del contrato de PSA hace un poco más de un mes. Martínez dijo que hasta la fecha no ha sido admitida.

‘A través de diferentes compañías se asociaron ilícitamente para obtener una serie de beneficios, perjudicando no solamente al Estado, sino a posibles competidores', apuntaron los abogados el día que presentaron la denuncia por los posibles delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, corrupción de servidores públicos y abuso de autoridad, entre otros.