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08 de Feb de 2023

Política

Contraloría está facultada para fiscalizar sin distingo

Toda persona que maneje fondos públicos debe ser fiscalizada. El contralor dice que a los diputados no les asiste la razón al interponer un amparo en la Corte. Estos responden que no pretenden detener las investigaciones

Contraloría está facultada para fiscalizar sin distingo
En febrero la Contraloría entregó al Ministerio Público los expedientes de las auditorías de las juntas comunales que abarcan 2009-2014, la entidad designó un equipo de 22 fiscales para la investigación

Cualquier amparo de garantías constitucionales busca detener un acto. El presentado por ocho diputados reelectos de la Asamblea Nacional, contra la Resolución N°329-2014 de 20 de junio de 2014, y su modificación a través de la Resolución N°264-15 del 30 de abril de 2015 proferida contra la Contraloría General de la República, también podría surtir ese efecto, de ser admitido.

El bufete Fuentes & Rodríguez Law Firm, que interpuso el recurso, es representado por Armando Fuentes. El abogado explica que la intención del documento no es detener la investigación contra los diputados. El abogado dice que el amparo ‘no detiene la investigación que realiza el Ministerio Público porque es aparte. Lo que busca es proteger a la Asamblea Nacional de una investigación que no sea llevada a cabo sin la autorización de la Corte Suprema de Justicia', entidad facultada en los procesos contra los diputados.

El abogado indica que es la Corte la que debe continuar con las investigaciones de los diputados, y no el Ministerio Público, que debe encargarse de los expedientes de las juntas comunales. ‘Si el amparo hubiese sido para impedir las investigaciones, hubiésemos impugnado las pesquisas del Ministerio Público o del Tribunal de Cuentas', añadió Fuentes.

Pero el contralor, Federico Humbert, manifestó que para la institución no es una opción fiscalizar, ‘es nuestro deber. Lo que presentamos tiene claros indicios de que se manejaron mal los fondos. Me sorprende que se interponga un amparo a una auditoría tan bien hecha. En lo que a mi equipo respecta, hemos actuado amparados en lo que nos obliga la ley'.

Añadió que si tienen que defenderse lo harán, porque su trabajo está bien hecho y ‘la Contraloría no trabaja en base a presión, sino a lo que exige la ciudadanía'.

Por otra parte, la diputada Ana Matilde Gómez, miembro de la Comisión de Credenciales, dijo a los medios que un amparo siempre busca detener un acto. A su juicio, la Contraloría sí cuenta con facultades para hacer la investigación. ‘Entiendo que el contralor sí auditó a las juntas comunales, así que no veo la validez del amparo, aunque será la Corte la que tendrá que dirimir sobre eso. Un diputado no es el que canta la validez de un acto o su legalidad', subrayó la diputada.

Durante la gestión de José Chen Barría al frente de la Contraloría, se efectuó una investigación sobre el uso que los diputados daban a los automóviles que compraban exentos de impuestos. Aunque no dio frutos, es un claro antecedente del trabajo de la Contraloría en asuntos de la Asamblea Nacional.

El excontralor es preciso en su apreciación sobre el tema de las auditorías que han causado ronchas entre los diputados. ‘La Constitución autoriza al contralor a realizar las investigaciones donde considere necesario para preservar los recursos del Estado. Ni el presidente ni los magistrados o los diputados están por encima de la Ley y no pueden estar exentos del ojo de la Contraloría si manejaron fondos públicos', manifestó Chen Barría.

Según su análisis, se debe hacer una investigación dual: en lo que corresponde a los representantes de corregimiento o juntas comunales, deben ser investigados por los tribunales ordinarios y el Ministerio Público. En este sentido, deberían existir 186 investigaciones e igual número de procesos. Por otra parte, la Corte debe ver por los diputados.

Aunado a esto, Chen Barría recuerda a los directivos de la Dirección General de Ingresos averiguar si de esos $270 millones que se gastaron, saber si los beneficiarios lo reportaron en su declaración de renta. ‘Porque hay $50 millones sin factura fiscal, pero el resto hay que desgranar si se trata de facturas falsas o no, y si lo declararon'.

Muy curioso fue que en horas de la mañana de ayer, 15 de marzo, específicamente a las 10:15, la diputada y presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, retiró el poder al abogado Fuentes.

La diputada dijo que firmó el papel que facultó al abogado a interponer el amparo sin saber qué fin tendría. Un acto de muy buena fe de la diputada, puesto que en estos días nadie se imaginaría firmar un papel prácticamente en blanco.

Así lo dijo en sus propias palabras: ‘Un grupo de diputados reelectos hemos contratado un equipo legal que se encarga de los temas. Yo a nivel personal, no estaba al tanto de lo que el equipo legal estaba haciendo, es la diputada Dana Castañeda quien se encarga de hacer eso, pero cuando vi la noticia hoy a esta hora presenté un desistimiento del amparo porque el que no la debe, no la teme'.

HALLAZGOS DE LA CONTRALORÍA

El contralor, Federico Humbert, auditó a las juntas comunales del país y encontró una posible lesión patrimonial por $319 millones.

En su investigación concluyó que todos los diputados de la Asamblea Nacional en el quinquenio 2009-2014 movieron dineros y los manejaron a través de las juntas comunales y municipios.

Entre las irregularidades presentadas por Humbert en febrero pasado, destacan $20 millones que solo estaban sustentados por cheques, otros $50 millones que no tenían factura fiscal, además de documentos falsos.

Setenta diputados recibieron $274,543,612 distribuidos en: apoyo a la comunidad ($178,226,220), bolsas de comida ($76,138,000), materiales de construcción ($26,678,003), ayuda económica ($19,398,324), instrumentos musicales y deportivos ($12,522,689) y reparación y mantenimiento ($6,221,595)

Los diputados reelectos que interpusieron el amparo son: Benicio Robinson, Crispiano Adames, Miguel Fanovich, Nelson Jackson, Héctor Aparicio, Mario Miller y Salvador Reali. El de Aparicio quedó en el despacho del magistrado José Ayú Prado, mientras que el resto le tocó a la magistrada Ángela Russo.

Yanibel Ábrego desistió del amparo de garantías constitucionales contra la Resolución N°329-2014- de 20 de junio de 2014, y su modificación a través de la Resolución N°264-15 del 30 de abril de 2015.