Niegan Amparo a Luis Enrique Martinelli en el caso Odebrecht

Actualizado
  • 10/04/2018 12:35
Creado
  • 10/04/2018 12:35
El hijo del expresidente es investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales. El Tribunal Superior se basó en el que el Tribunal había negado un Amparo a Humberto De León en el mismo caso

El Primer Tribunal Superior de Justicia denegó la acción de amparo de garantías propuesta por Luis Enrique Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, contra el juez Duodécimo de Circuito Penal de Panamá.  En resolución del 27 de noviembre de 2017, el juez concedió en efecto diferido, el recurso de apelación que interpuso el Ministerio Público contra el Auto N° 242 del 25 de octubre de 2017, que negó la solicitud de extensión del término de dos meses y ordenó remitir la vista fiscal, dentro de las sumarias en averiguación por el supuesto delito contra el orden económico y contra la administración pública.

En un comunicado del departamento de Relaciones Públicas del Órgano Judicial, se informa que la decisión de la magistrada Lilianne Ducret, del Primer Tribunal Superior, se basó en que el 5 de enero, éste mismo Tribunal había negado un Amparo a Humberto Javier De León contra el juez Duodécimo penal, al estimar que no se violaba el estatuto fundamental.  La decisión contó con el salvamento de voto del magistrado Miguel Espino.

De León y Martinelli se encuentran investigados por presunto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. En este expediente, la fiscal Zuleyka Moore solicitó la acumulación de tres expedientes que guardan relación entre sí porque en las mismas se formularon cargos a Olivio Rodríguez Junior, propietario de las cuentas Constructora Internacional del Sur (CIS) y Select Engineering Consulting and Services Inc, y hace alusión a la comisión de un delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos en donde se denuncia que se utilizaron sociedades anónimas panameñas para hacer depósitos de dineros que luego fueron transferidos a otras sociedades y que los mismos correspondían al pago de coimas que recibieron allegados y familiares de funcionarios de altos cargos en el gobierno por la adjudicación de obras.

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