Fiscalía pide llamar a juicio a 17 imputados

La Fiscalía Anticorrupción, representada por los fiscales Javier Mitre y Vielka Broce, intentó demostrar que se hicieron compras de mochilas a sociedades concertadas y seleccionadas previamente por el entonces secretario del presidente de turno, Ricardo Martinelli (2009- 2014), Adolfo ‘Chichi' de Obarrio.

En audiencia preliminar celebrada ayer desde las 9 de la mañana hasta horas de la noche, el juez Décimo Quinto, Leslie Loaiza, escuchó los alegatos de la Fiscalía, así como de 17 imputados por tres delitos: corrupción de servidores públicos, fraude en las contrataciones públicas y peculado.

Entre los acusados, la fiscalía cuenta a dos prófugos, Adolfo ‘Chichi' de Obarrio y a Abraham Williams, exsubdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), institución por la cual se adquirieron los útiles escolares en ciertas fechas.

Según la investigación sumarial, se ha acreditado que la distribución de las mochilas no se efectuó en los sitios pactados, especialmente en las áreas de difícil acceso; sin embargo, las empresas encargadas de esta tarea sí cobraron por el servicio.

Entre las pruebas que recabó la Fiscalía se cuentan docenas de entrevistas a testigos que manifestaron que tuvieron que utilizar sus propios recursos para recoger los útiles escolares en centros de acopio de las mochilas que entregó el Ministerio de Educación (Meduca) en 2014 y que fueron adquiridas a través del PAN.

Varios contratos se efectuaron en distintas fechas con las mismas seis empresas. Esto último llama la atención a la fiscalía porque asegura que las empresas actuaron en contubernio para acordar precios de suministro y distribución. ‘Los actos públicos se hacían para llenar un formato, pero de antemano se conocía a qué empresas se iba a beneficiar', señaló la fiscal Broce.

La Fiscalía indicó que las mochilas se distribuyeron en transportes del Meduca y no en los de la empresa contratada para esta tarea.

La Fiscalía nombró a cada uno de los imputados e intentó vincularlos al proceso. En este sentido, mencionó a los empresarios Mario Martinelli, Roberto Brin y Roberto Luzcando, a quienes identificó como socios. Sin embargo, Martinelli alega que él no aparece en ninguna de las empresas que proveyeron las mochilas.

Según la investigación, las empresas en cuestión —Inc Consultorías, Vafepa, S.A., Comercializadora Galbedusa, S.A., Unitel Trader, APM Supplies y Hailing Corp.— se beneficiaron económicamente y decidían cuáles participarían en las licitaciones.

La Fiscalía presentó también una nota enviada por la exministra Lucy Molinar al Consejo de Gabinete en la que solicita se le exceptúe del proceso de contrataciones públicas y se le autorice un proceso abreviado para la compra de las mochilas. Esto, según la Fiscalía, era para contratar a las mismas empresas mencionadas.

Cuando se iniciaron las pesquisas de este caso, Abraham Williams, subdirector del PAN, colaboró con los fiscales Lizette Chevalier y Nahaniel Murgas, y adquirió en noviembre de 2014 la condición de testigo protegido, con el nombre ‘‘Euro 14”. No obstante, cuando relevaron a los fiscales, ‘desconocieron el trato efectuado con Williams, a pesar de que él había aportado información valiosa en los casos de mochilas, granos, bolsas de comida y llantas. Incluso testimonios proporcionados por él como ‘‘Euro 14” fueron utilizados en su contra. El Ministerio Público separa a Williams y a ‘Euro 14”, indicó su entonces abogado Rosendo Rivera.

Cuando llegó el turno de la defensa de la exministra Molinar, su abogado, Abilio Batista, habló casi por una hora. Explicó que la nota a la que hace referencia la Fiscalía era para cumplir con el proceso de contrataciones públicas. Indicó que existen errores de razonamiento en la Fiscalía y que ésta cambió su tesis constantemente al constatar que no hubo sobreprecios y luego buscaron delito en la distribución de las mochilas.

La defensa de Molinar detalló que los procesos de contratación del 2012 (efectuados por el Meduca) y los de 2014 (realizados por el PAN) son diferentes.

Batista dijo que existe una nota firmada por el entonces ministro de la Presidencia que se envió al ministro de Economía y Finanzas en la que solicitaba la transferencia del dinero al Meduca para la compra de las mochilas.

Cuando culminó su intervención, Batista solicitó al juez sobreseimiento definitivo y el uso de la palabra para su representada.

AUDIENCIA MOCHILAS

Imputados por 3 cargos

Julisa Stanziola, Lucy Molinar, Adolfo De Obarrio, Abraham Williams, Berta Roldán, Mario Martinelli, Roberto Brin, Roberto Luzcando, Jaime Ruiz, Franklin Araúz, Carlos Araúz, René Guardia, Pablo Ruiz, Yanet Araúz, Paulette Morales, Daniel Ruiz, Eliécer Tuñón.

Vestida de negro, con voz fuerte y decidida, Molinar dio su versión de los hechos: ‘No todos entran al Estado para robar, yo no me robé ni un dólar'. Enseguida, cuestionó el origen de la investigación, ‘por una nota periodística', dijo la exministra.

‘El Ministerio de la Presidencia concluyó que yo tenía que hacer la compra de las mochilas porque los tiempos de entrega para el inicio del calendario escolar no daban. Mandaron el traslado a finales de 2011 y buscamos las empresas que ya habían prestado servicio al Estado porque tenían el mapa de los centros educativos, hasta entonces no tenían ninguna objeción de nadie', resumió la exministra.

Añadió que las entrevistas efectuadas por la Fiscalía fueron a gente alejada al proceso de distribución. ‘Es verdad que el primer año los padres se acercaron a retirar las mochilas porque no teníamos quién las llevara a la escuela, por eso solicitamos que se dejara en centros de acopio', dijo Molinar.

Luego describió: ‘Yo estaba ahí cuando la Fiscalía no sabía qué hacer cuando descubrieron que sus precios (de las mochilas) eran más altos que los míos, nadie me lo contó. Hubo una parálisis en el despacho. No se busca otra cosa que hacerme daño, no hubo dolo, se violaron mis derechos', puntualizó.

Juez validó acuerdo de Guardia Jaén

La audiencia preliminar comenzó pasadas las nueve de la mañana. Antes, uno de los principales protagonistas de este caso, Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, logró un acuerdo con la Fiscalía que validó el juez Décimo Quinto Leslie Loaiza.

Guardia Jaén había logrado un acuerdo de pena anteriormente que lo exime de cualquier otro de los 14 procesos que tiene pendiente. Una vez validado el documento, salió del Tribunal Segundo, donde se celebraba la audiencia. ‘Yo ya pagué tres años en la cárcel, hice trabajos intramuros un año', dijo a los medios justificando su condición.

Al iniciar la audiencia se presentaron casi 10 recursos, entre los que se solicitó la prescripción de la acción penal y la nulidad del caso. Esto último en función de que la Fiscalía había investigado por 20 meses sin contar con un plazo extraordinario para investigar otorgado por el juzgado o sin que se declarara causa compleja. El juez trasladó el recurso a la Fiscalía, ya que uno se presentó por escrito antes de la audiencia, y dijo que dará plazo de 3 días para su resolución. De igual forma negó las prescripciones de pena.

El juez llamó la atención de que la sala estaba vacía, preguntó por algún representante de la sociedad civil. Al notar la ausencia, dijo que después opinan de cosas que no conocen.