Defensa de Martinelli presentó recursos de control de legalidad

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli hizo tres peticiones antes de que la audiencia entrara a la acusación.

Roniel ortiz plasmó que existen afectaciones de derechos y garantías por violaciones a normas y disposiciones que no se le respetaron a su cliente.

Como primer punto, habló de la violación al artículo 126 del Código Procesal Penal, que establece el idioma en la actividad procesal, es decir, el español. En este sentido, indicó que varios de los documentos que venían de Estados Unidos se encontraban en idioma inglés y que es un deber del juez entregar al abogado los papeles en español y no se cumplió la traducción que se debía respetar al derecho a la defensa.

Por esta falta de traducción, indicó Ortiz, pudo haberse puesto en peligro la situación médica de el exmandatario. En segundo lugar, habló del derecho a la defensa que tiene toda persona en un proceso, y dijo que cuando su cliente llegó a Panamá extraditado, el 11 de junio pasado, su derecho a la defensa fue vulnerado. “Como no le permitieron el derecho de defensa, dijo que iba a llamar a su esposa, pero en realidad llamó al teléfono de Carlos Carrillo, su abogado, a preguntarle donde estábamos (los abogados) porque él se encontraba solo”, dijo Ortiz.

En tercer lugar, Ortiz manifestó que su cliente tiene derecho, por ser un expresidente de la República, a recibir la vigilancia de los agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) y que esto no se cumplió.

Posteriormente, el magistrado Jerónimo Mejía —en funciones de juez de garantías— dio traslado al fiscal para que contestara a la defensa. Harry Diaz, fiscal de la causa, indicó no comprender la relevancia de la primera sustentación de la defensa, más bien la calificó como un acto dilatorio.

Luego el fiscal dijo que el 11 de junio consta que hubo comunicación entre Martinelli y su abogado. Y que estos temas ya han sido tratados y decididos en la sala.

Por último, el fiscal se refirió a la custodia del SPI y arguyó que no entiende cómo la defensa del privado de libertad puede solicitar esta protección, ya que se entiende que su cliente no se encuentra en libertad ambulatoria, por tanto, no requiere la vigilancia del SPI.

Los querellantes también tuvieron oportunidad de contestar a la defensa y en su mayoría coincidieron en que se trata de recursos que solo intentan dilatar el proceso, que han sido ya debatidos, y que parte de estos documentos los utilizó la defensa al principio del proceso, cuando interrogó a los médicos para poder establecer la condición de salud de su cliente.