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Actualizado
- 23/10/2018 02:00
Creado
- 23/10/2018 02:00
Se trata de dos de los 28 lineamientos de la Política Nacional Agroalimentaria establecidos en este proyecto.
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en tercer debate por insistencia el proyecto de ley 628, que establece el marco general que rige el sector agropecuario para la seguridad alimentaria.
El Órgano Ejecutivo había objetado parcialmente por inexequibles los numerales 25 y 28 del artículo 11 de este proyecto, tras considerarlos incompatibles con compromisos internacionales asumidos por la República de Panamá a través de Tratados de Libre Comercio vigentes, particularmente en temas de acceso a mercados y contrataciones públicas, tales como el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, así como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios.
Se trata de dos de los 28 lineamientos de la Política Nacional Agroalimentaria establecidos en este proyecto.
El lineamiento 25 objetado establece que las entidades del gobierno central, autónomas y semiautónomas, y los Municipios se abastecerán de materia prima y de productos agropecuarios nacionales, en todas las contrataciones de suministros de alimentos y comida preparada que realicen para todos los programas, proyectos o actividades que desarrollen, con excepción de aquellos que no se produzcan en el país, los cuales podrán ser importados.
El lineamiento 28 objetado señala que el Estado establecerá los parámetros necesarios a fin de evitar que la producción nacional sea afectada con importaciones durante las épocas de cosecha.
En el veto se consideró que cualquier mecanismo que tenga como objetivo impedir las importaciones de un tercer país, con fundamento en afectaciones a la producción nacional durante la época de cosecha, podría ser objetable de conformidad con lo establecido en varios artículos de acuerdos internacionales, incluyendo el Tratado de Promoción Comercio con Estados Unidos.
Se advirtió además de una posible violación a la Constitución Política, que en su artículo 4 que señala: ‘La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional'.
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