María Eugenia Pérez, la opción de Varela para la Fiscalía Electoral

María Eugenia Pérez de Preciado, quien fue designada por el Ejecutivo como nueva Fiscal Electoral (FE), tiene doce años de ejercer el cargo de Juez Segunda Penal Electoral del Primer Distrito Judicial. Pérez de Preciado está en el cargo desde enero de 2007.

La Asamblea Nacional debe ratificar o rechazar la designación del Ejecutivo. Pérez de Preciado reemplazará al fiscal Eduardo Peñolaza a quien se le venció su término el 31 de diciembre de 2018.

Esta designación llega en un periodo en el que el Ejecutivo y el Legislativo parecen haber limado asperezas o en el que al menos se ha logrado superar las diferencias que impedían la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que llevaban meses a la espera.

La fiscal electoral designada necesita pasar en primera instancia por la Comisión de Credenciales presidida por Sergio Gálvez, diputado de Cambio Democrático. Si la Comisión de Credenciales recomienda al pleno de la Asamblea su aprobación necesita como mínimo 36 votos de un Legislativo que es comandado por la oposición.

La designación de Pérez de Preciado, como fiscal Electoral, llega en pleno proceso de campaña electoral de cara a las elecciones para elegir a las autoridades para el próximo quinquenio.

Ha dedicado gran parte de su vida profesional a ejercer como abogada en diferentes instituciones del Estado, antes de llegar al Tribunal Electoral a ejercer el cargo de jueza fue asesora Legal del Instituto Nacional de Cultura (1993-1997), y asesora del Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas (1996-2005) .

Pérez de Preciado es egresada de la Universidad Santa María La Antigua con la titulación en Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad de Panamá (2009-2010) un diplomado “Los Derechos Políticos en la Gestión Penal Electoral” y en la Universidad Latina de Panamá (2011) diplomado en Sistema Penal Acusatorio.

La Fiscalía Electoral es una agencia de instrucción independiente y coadyuvante del Tribunal Electoral, que tiene derecho a administrar su presupuesto.

El fiscal electoral es nombrado por el Ejecutivo sujeto a la aprobación del Legislativo, para un periodo de diez años; debe llenar los mismos requisitos que para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y tendrá iguales restricciones.

Entre las funciones de la Fiscalía Electoral está salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos, vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales, perseguir los delitos y contravenciones electorales.