La narcopolítica vs. los casos judicializados de políticos

En reiteradas ocasiones ministros de Seguridad y el Ejecutivo se han referido al tema de la narcopolítica. Sin embargo, en tiempos recientes no se han registrado investigaciones contundentes o condenas contra diputados o funcionarios prominentes que hayan sido relacionados con el crimen organizado.

El mandatario Juan Carlos Varela ha enunciado frases sobre este tema insinuando la posible vinculación de figuras políticas con el crimen organizado. Sin embargo, deja dos ausencias a su paso: la primera es que no menciona los nombres de los supuestos implicados, y la segunda es que los casos de alto perfil que se judicializan por lo general no registran certeza del castigo.

Varela se ha referido al menos en tres ocasiones a la narcopolítica, una en enero de 2016 y otra dos años después ante el Pleno de la Asamblea Nacional cuando pronunciaba su discurso a la Nación.

‘La política no es la disputa por el poder, es el uso del poder en el uso del bien común, no voy a permitir que los fantasmas de la narcopolítica o la corrupción regresen y empantanen el futuro de Panamá', publicaba en 2018 en su cuenta de Twitter .

Dos años antes, Varela enfatizaba que se debían ‘blindar' los órganos del Estado contra el narcotráfico, después de que se detectara en un automóvil con placa de la Asamblea Nacional un kilo de droga.

La semana pasada, el mandatario volvió a tocar el tema luego de que uno de los candidatos que disputa una curul en la Asamblea Nacional utilizara un auto posiblemente vinculado a pandillas. En dicha ocasión, Varela insistió en que ‘no toleraría el crimen organizado en la política'.

NO HAY INVESTIGACIONES

En este momento, según fuentes judiciales consultadas, no existe ningún caso por drogas a diputados en la oficina fiscal de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Hay uno pendiente que no ha recibido audiencia, el del suplente del circuito 3-1 de Colón, Abilio Corrales.

El tema de la narcopolítica tiende a mencionarse con frecuencia en tiempos electorales por el temor a una mayor infiltración en las campañas de los candidatos.

El crimen organizado siempre va un paso adelante a las regulaciones. ‘No puede ser sorpresa que se tenga acceso a los actores que influyen en la actividad pública del país. Esa preocupación no puede, al margen de los político, pasar inadvertida. Se requiere mayor capacidad para producir investigaciones judiciales para que el sistema se active inmediatamente, sin permanecer inmóvil, pues en cada torneo electoral se habla de esto. Pero culminado el mismo, no se hacen las investigaciones', manifestó el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz.

Es evidente que la información que posee el presidente se nutre de la inteligencia de los diferentes estamentos del Estado que investigan el tema. No obstante, como dice Araúz, ‘el conocimiento no es suficiente cuando se habla de procesos judiciales, debe haber métodos de investigación para señalar o convertirlos en la judicialización del comentario. De lo contrario solo queda en rumores'.

A continuación hacemos un recuento de algunos casos en los que se menciona a figuras públicas o relacionadas a la política, que tienen que ver con señalamientos de supuesto blanqueo de capitales o tráfico de sustancias ilícitas.

EXPEDIENTES

El primero data de 2016 e involucra al diputado panameñista Luis Barría.

En esa fecha, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió la compulsa de copias enviadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas del Tercer Circuito Judicial de Panamá, donde se realiza una investigación a Francisco Medina Santamaría, por el supuesto delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas, en el cual se mencionaba a Luis A. Barría, diputado Panameñista de la Asamblea Nacional.

SIN AUDIENCIA

Otra investigación, que según una fuente judicial hasta el momento no tiene desenlace, relaciona a Abilio Corrales, suplente de María ‘Chelita' Delgado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), supuestamente a hechos ilícitos relacionados con droga.

La Corte inició la investigación al diputado suplente Corrales, del PRD, el 19 de septiembre de 2016, por el presunto delito contra la seguridad colectiva relacionados con drogas y asociación Ilícita.

La investigación inició a solicitud de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional y el fiscal de Delitos Relacionados con Droga en la operación ‘Giral' que pretendía ubicar a una organización dedicada al trasiego de drogas.

En la investigación se hizo un allanamiento en la finca Mariñan donde se ubicó un campamento improvisado en el que hallaron chips de celulares y una serie de sacos con droga. El fiscal delegado especializado en delitos relacionados con drogas compulsó copias a la Corte.

Supuestamente, la información detallaba que en el sector de El Giral, Colón, un vehículo de color azul transportaba una cantidad importante de sustancias ilícitas a través de un doble fondo y era conducido por ‘el Gordo'. Se contabilizaron 1,237 paquetes de cocaína en una propiedad ubicada en Santa Rosa.

La vinculación de Corrales, según el expediente, se desprende del hecho que a través de Informes de Vigilancia y Seguimiento del 13 de mayo de 2016 se le ubicó dentro del vehículo Mitsubishi Montero, en el que se detectó rastros de sustancias ilícitas a través de prueba de ion scan (cocaína, metanfetamina), el cual momentos antes también había sido ubicado por parte de los miembros de la Policía que participaron en la labor de vigilancia y seguimiento, en el lugar donde se dio el hallazgo de la sustancia ilícita (cocaína), en la cantidad de 1,359,880.00 gramos; es decir, en la Finca Mariñan.

Si bien de las declaraciones rendidas por los testigos dentro del sumario penal no subsiste ningún tipo de señalamiento directo en contra del diputado como una de las personas que se dedica al trasiego de sustancias ilícitas, el hecho de que haya sido visto ocupando el vehículo involucrado en la investigación, y aprehendido en posesión del mismo, constituyen elementos de conocimiento suficientes (prueba idónea), que permitieron adelantar una investigación penal para determinar el grado de vinculación del diputado al hecho con apariencia punible.

En otro caso, en mayo de 2016, la Corte Suprema de Justicia absolvió al diputado suplente del partido Cambio Democrático, Samuel Bennett, quien no logró justificar $32 mil dólares que encontró la Policía o tampoco pudo justificar la compra de un auto adquirido en 2014. La defensa de Bennett justificó que su cliente obtuvo la plata por negocios relacionados a la venta de autos y servicios profesionales, y otras actividades comerciales.

En 2015, Ofelia Acevedo, funcionaria de la Asamblea Nacional, asistente del diputado Alfredo Pérez, fue investigada por supuesto blanqueo de capitales por no poder justificar la procedencia de $854 mil dentro de un vehículo.

En la operación ‘La Máquina', organizada por la Fiscalía y la Policía Nacional, se capturó a Acevedo tras participar en un intercambio de vehículos que resultó en una incautación de dinero.

Acevedo conducía un automóvil Toyota Prado que cedió a un tercero de nacionalidad hondureña, tras lo que aparece el colombiano también detenido y la recoge en un Kia Cerato, que pasa a manejar la funcionaria.

Al asesor del diputado Juan Manuel Poveda se le decomisó un kilo de presunta droga dentro de una camioneta blanca con la placa 040 asignada al parlamentario.

El diputado veragüense indicó que tenía tres placas que le asigna la Asamblea. Una la usa él, otra su asistente personal y la tercera, el joven que había sido detenido.