Reformas a la Ley de Contratación Pública, en la agenda de los candidatos

Odebrecht es el caso insigne de la corrupción internacional que desnudó cómo en nuestros países los empresarios compran y manejan a su antojo a los gobernantes. Pero, al parecer, es solo la punta del iceberg de un cáncer que carcome la institucionalidad de los estados y que deja a niños sin escuelas, a pacientes sin medicinas, a ancianos sin pensiones y una larga lista de problemas que no alcanzaría esta página para enumerarlos.

Panamá está a días de un proceso electoral, uno de los más importantes del periodo posinvasión o —si le pudiéramos llamar así— el segundo de la época republicana. Todas las encuestas de opinión ubican el problema de la corrupción como el que más preocupa a los panameños. Los aspirantes a la presidencia lo saben y por eso todos coinciden en que el ataque o combate a este mal es uno de los ejes fundamentales de sus propuestas electorales.

Hoy repasaremos una a una las agendas de los siete aspirantes a la presidencia para poner en contexto sus propuestas de lucha contra la corrupción. La mayoría de los candidatos promueven una reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para, entre otras razones, impedir que empresas condenadas puedan volver a licitar con el Gobierno y para eliminar la discrecionalidad de los funcionarios en los actos de contratación del Estado.

Comenzaremos por conocer las propuestas de Laurentino ‘Nito' Cortizo, candidato por el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), para evitar que su gobierno sea penetrado por la corrupción.

El opositor está convencido de que la corrupción está presente en el sector público y el privado. Él promete que su gobierno tendrá una conducta vertical contra la corrupción.

Uno de los compromisos que está adquiriendo es la reforma de manera integral a la Ley de Contrataciones Públicas para garantizar transparencia, reglas claras e igualdad de condiciones.

‘Las contrataciones públicas han sido el foco de grandes cuestionamientos, en los últimos diez años. Reformaremos de manera integral la Ley',

LAURENTINO CORTIZO

PLAN DE GOBIERNO

Otra decisión que asumiría sería revisar la normativa vigente sobre declaración de bienes patrimoniales de los funcionarios públicos. Entre las propuestas de Cortizo para eliminar este flagelo está capacitar a los funcionarios con relación al estricto cumplimiento de la Ley de Transparencia, el acceso a la información y la utilización de los recursos del Estado.

La creación de un Código de Responsabilidad, Transparencia y Anticorrupción de los Servidores Públicos de Obligatorio Cumplimiento, para todo el Estado está en su agenda de trabajo para 2019 -2024.

En otras cosas, promete poner en marcha una campaña de cero tolerancia a la corrupción en todas las instituciones del Estado. En su administración ‘no habrá intocables' , dice Cortizo.

‘Reformaremos la Ley de Contratación Pública para impedir que empresas condenadas puedan licitar en un período no menor de cinco años',

ANA MATILDE GÓMEZ

PLAN DE GOBIERNO

Ahora detallamos los planes de Ana Matilde Gómez, aspirante a presidenta por una postulación independiente. Al igual que Cortizo, propone reformar la Ley de Contrataciones Públicas, para impedir que empresas condenadas puedan licitar en un periodo menor de cinco años.

Gómez propone una ley que inhabilite de forma perpetua a los condenados por corrupción para que nunca más vuelvan a ocupar un cargo en la administración pública.

Pretende crear un gabinete anticorrupción integrado por representantes de la Contraloría General, la Dirección General de Ingresos (DGI), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Fiscalía de Cuentas, Contrataciones Públicas y Procuraduría General de la Nación.

Otro de los aspirantes por la libre postulación, Ricardo Lombana, promete eliminar las ‘botellas', aumentar las penas por corrupción y activar líneas telefónicas para denuncias anónimas.

Su agenda también contempla modificar la Ley de Contrataciones Públicas. Asimismo, ha prometido que en su gobierno los delitos de corrupción serán imprescriptibles, que se crearán equipos de fiscalización en las instituciones y se promoverá la inhabilitación de cargos públicos (muerte civil). Se compromete a incentivar económicamente a los funcionarios con buen récord ético y apego a la ley.

Marco Ameglio, que aspira a convertirse en presidente por la libre postulación, contempla designar a personas de comprobada honestidad, que cumplan con los perfiles requeridos para cada posición, para que cuiden los bienes del Estado como buenos padres de familia y que rindan cuentas.

En su administración, promete que todos los municipios serán auditados.

Saúl Méndez, el candidato de los trabajadores que se postula por el Frente Amplio Democrático (FAD), asegura que eliminará las contrataciones discrecionales, asesorías no justificadas y las planillas 080 y 172, entre otras.

Entre sus proyectos está la creación de un cuerpo de justicia transitorio con poderes para investigar la corrupción histórica del Estado con apoyo de observadores internacionales.

Mientras que el candidato del partido gobernante, José Isabel Blandón, se compromete a combatir la corrupción y gobernar con transparencia. En su primer año, se propone presentar seis leyes sobre sobornos, conflictos de interés, protección de denunciantes, Código Penal, Tribunal de Cuentas y declaración de bienes patrimoniales para combatir la corrupción. Blandón promete ceñirse al estricto cumplimiento de la Ley de Transparencia.

‘Establecer mecanismos para simplificar los procedimientos de contrataciones públicas, garantizando la transparencia...',

JOSÉ BLANDÓN

PLAN DE GOBIERNO

Entre sus promesas destaca no devolver favores a los donantes. Sobre la Ley de Contrataciones Públicas, asegura que al final de su primer año presentará una propuesta de reforma integral.

En su plan de gobierno, Blandón contempla nombrar jueces y procuradores independientes, sin nexos políticos e impulsar el cumplimiento de la carrera administrativa, entre otros.

Rómulo Roux, candidato por Cambio Democrático, propone revisar el Código Penal en lo referente a los delitos contra la administración pública. Está supuesto a hacerlo durante su primer año de mandato.

Impulsar cambios a la Ley de Contrataciones Públicas también están presentes en la propuesta del CD. Además, de profesionalizar el servicio público mediante el cumplimiento de una rigurosa Ley de Carrera Administrativa, fomentar la formación de una conciencia crítica y ética, presentar proyecto de leyes de conflictos de interés y de protección de denunciantes.

En las dos últimas administraciones, las denuncias e investigaciones sobre corrupción han estado a la orden del día. A la fecha, Panamá ocupa la posición 96 de 180 del Índice de Corrupción Gubernamental.