19 de Sep de 2021

Política

‘La justicia ha perdido su rol de poder del Estado'

A pesar de las evidencias existentes y las experiencias de otros países, en Panamá no pasa nada en el caso Odebrecht, critica Juan Carlos Araúz

‘La justicia ha perdido su rol de poder del Estado'
‘La justicia ha perdido su rol de poder del Estado'

Desde que era muy pequeño, Juan Carlos Araúz supo que quería ser abogado, pues le gusta mucho leer, escribir y comprender los problemas. Veía que los profesionales del derecho de entonces tenían esas cualidades, por lo que un día, cuando aún estaba en la escuela primaria, les dijo a sus padres: ‘Quiero ser abogado'.

Efectivamente, aquel niño se convirtió en profesional del derecho y hace pocos días fue electo presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), rol que ya había ejercido de manera interina. Le apasiona litigar y gerenciar pleitos, pues piensa que es la parte más activa del ejercicio profesional que permite conocer al individuo en su esencia natural.

Se trata de una persona generadora de diálogo, que se preocupa por entender el rol de quien esté frente a él para comprender su papel en las distintas situaciones. No obstante, es de los abogados que piensan que es más conveniente llegar a un acuerdo, aunque no sea muy ventajoso, y evitar los pleitos por ser costosos y de resultados inciertos.

Desde la universidad, siempre ha participado en las actividades académicas, pues le gusta ser orientador. También, desde muy joven, ha escrito artículos de opinión para diversos diarios.

Se muestra preocupado por la situación de la justicia, que, desde su óptica, ha perdido su rol de poder del Estado. ‘Y lo ha perdido', afirma, desde el momento en que el ‘Órgano Judicial depende del poder político para marcar su hoja de ruta'.

Piensa que ‘se ha confundido la frase independencia judicial, con la palabra abandono… y esto es realmente preocupante'.

¿Qué piensa del bajo número de votantes para las elecciones de la directiva del Colegio de Abogados? De 24,500 abogados que hay en Panamá, solo votaron 1,270.

No me sorprendió. La clase forense se ha venido formando con una visión individualista; la apatía hacia los temas colectivos es uno de los mayores retos que enfrenta la abogacía panameña. Desde el cercenamiento de la colegiatura al CNA, en 1994, se ha ido agravando el problema; ahí inició la ruptura del modelo colectivo.

Retomar la discusión de una nueva ley y una administración con mayor cercanía a los abogados puede crear una cultura de integración profesional. Hacerlos partícipes de las decisiones colectivas nos puede dar como resultado mayor entusiasmo para integrarse.

PERFIL DEL ENTREVISTADO

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá

Nombre completo: Juan Carlos Araúz Ramos

Nacimiento: Ciudad de Panamá

Ocupación: 41 años

Religión: Católica

Cónyuge: Wendy Caballero

Posición que ocupa: Presidente del Colegio Nacional de Abogados.

Resumen de su carrera: Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá; doctor en Derecho por el Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho de los Negocios Internacionales y máster en Derecho Internacional.

¿Cuál será su papel en la Concertación Nacional?

Fomentar el diálogo eficiente. Estaremos atentos a que no se pierda el tiempo por falta de compromiso del poder político. En cada tema en el que participemos, queremos que se tenga una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo.

¿Usted cree que la mejor manera de reformar la Constitución es la propuesta por el Ejecutivo o debió ser mediante una constituyente?

El poder político ha elegido un mecanismo y ya se encuentra en el proceso de desarrollo; por ahora toca evaluar si realmente el mismo en su contenido aporta lo que requiere el país o no; de no tener ese aporte para transformar, siempre tendrá vigencia el mecanismo más amplio, que es la constituyente, pero son procesos que deben lograrse con reflexiones colectivas y no con posiciones individuales.

¿Qué piensa de la administración de justicia?

El gran reto del actual gobierno es devolverle a la justicia su rol de poder del Estado y que la misma no sea atendida como si fuese una institución más.

Usted dice que la justicia ha perdido su rol de poder del Estado, ¿podría ampliar al respecto?

Desde mi óptica sí lo ha perdido. Y lo ha perdido desde el momento en que el Órgano Judicial depende del poder político para marcar su hoja de ruta. Aquí los representantes del Órgano Judicial tienen que andar en constante ruego por mayor presupuesto; se crean tribunales sin que se puedan poner en ejecución; hay necesidades de auxilios legislativos que nunca llegan; adicionalmente, habría que pasar revisión desde la acumulación de nombramientos de los magistrados titulares y suplentes que no se han hecho, además de la imposibilidad de elegir una junta directiva en firme. Hay que ver, también, todas las dificultades que ha tenido ese órgano del Estado para lograr que se le otorgue el presupuesto para la implementación de la Ley de Carrera Judicial.

Todo lo anterior hace que el Poder Judicial no pueda interactuar como iguales entre el Ejecutivo y Legislativo. Se ha confundido la frase independencia judicial, con la palabra abandono… y esto es realmente preocupante.

¿Está usted de acuerdo con la creación de un Tribunal Constitucional?

Estoy de acuerdo por su naturaleza de justicia especializada, pero no hay que confundirlo con un mecanismo que va a resolver los problemas actuales de lentitud en los tribunales. Si queremos que la Corte produzca mejores resultados, hay que analizar la cantidad de población que se atiende y comparar la estructura que ha estado idéntica desde inicios de la República; hay una sala de casación laboral pendiente de habilitar, incluso existe la necesidad de nombrar más magistrados por salas y, en general, realizar una medición objetiva de lo que se puede hacer desde la productividad de cada despacho.

Hace unos días se reveló públicamente unas diferencias entre el ministro de Seguridad y la jefa del Ministerio Público, ¿qué opina al respecto?

En todo momento debemos exigir que las denuncias sean en los canales institucionales y no en los medios de comunicación, como ocurrió. Ambas autoridades deben propiciar que la comunicación a futuro impida que se repitan estos hechos, en los cuales los dos tienen su responsabilidad. No se trata de que alguien gane o pierda, lo importante aquí es el fortalecimiento de nuestras instituciones.

Debe existir una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo, para fortalecer el papel del Ministerio de Seguridad y del Ministerio Público y el rendimiento de las instituciones como tal. Cada funcionario tiene que rendir cuentas de los cuestionamientos que se presenten diferenciando, por temas, el análisis.

También es urgente que se combata la percepción que tiene la población en este momento en el sentido de que nuestro rumbo en materia de justicia es incierto.

‘La población tiene mucho interés por el caso Odebrecht, sobre todo por el tema de la confesión por parte de la empresa de que sí se dieron actos de corrupción en varias administraciones. Sin embargo, a pesar de estas evidencias y experiencias de otros países, aquí no pasa nada.

Existe una figura denominada Acción de Tutela, que ha tenido mucho éxito en Colombia, la cual tiene por objetivo la protección de los derechos fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, ¿sería viable para Panamá?

Cada día el ciudadano confía menos en la resolución de conflictos por los mecanismos institucionales, eso trae consigo la necesidad de crear herramientas ágiles que devuelvan la confianza pública; la Acción de Tutela permite un control, no solo sobre actos de funcionarios, sino también de los particulares. Son iniciativas positivas hasta que tengamos soluciones más estructurales. Vamos a presentar un proyecto sobre el tema en las próximas semanas.

¿Qué piensa usted de la forma como se está aplicando el Sistema Penal Acusatorio en Panamá... ¿Ha llenado sus expectativas?

La justicia es un servicio público y como tal debe ser eficiente; se debe poder controlar la calidad de la justicia. Hay que tener presente que el modelo anterior (inquisitivo) causó demasiados daños a la sociedad y por eso el cambio, solo veamos el fallo reciente de la Sala Tercera que condena al Ministerio Público por la prestación defectuosa del servicio de administración de justicia. Sin embargo, como todo sistema, si todos los engranajes no funcionan adecuadamente, llega la ineficacia del mismo. Urge un diálogo franco y abierto para presentar un catálogo de temas a modificar y actualizar; dar mayor profesionalización a la justicia cobra vital importancia en el nuevo modelo. Desde ya convoco a todos los abogados del país a enlistar los temas que han probado requerir un cambio.

¿Qué opinión le merece el hecho de que el Segundo Tribunal de Justicia decidió negar un nuevo plazo para seguir con las investigaciones del caso Odebrecht?

La justicia enfrenta los límites de la ley. Casos como Odebrecht siempre han demostrado la necesidad de auxilio legislativo en muchos aspectos. El sistema no puede producir decisiones que, aunque necesarias, están fuera de los presupuestos de lo que se conceptualizó en los procesos. La población tiene mucho interés por el caso Odebrecht, sobre todo por el tema de la confesión por parte de la empresa de que sí se dieron actos de corrupción en varias administraciones. Sin embargo, a pesar de estas evidencias y experiencias de otros países, aquí no pasa nada.