Crean Régimen Económico a favor de menores afectados por violencia doméstica
El Régimen de Reparación Económica, por un monto de $100.00 mensuales, busca atender las necesidades básicas de menores de 21 años y con discapacidad, víctimas de la violencia doméstica

El Proyecto de Ley 333 busca darle protección a las personas menores de 21 años y con discapacidad que hayan sido víctimas de violencia doméstica.
La protección a este grupo vulnerable es la función de este Proyecto de Ley, que establece el Régimen de Reparación Económica para Menores de Edad Huérfanos por la Muerte de un Progenitor a manos del otro Progenitor, acuerpado en el pleno legislativo por generar la ayuda para que puedan seguir creciendo y desarrollándose como personas de bien. Fue aprobado en tercer debate el día de ayer.
Establece que los beneficiados recibirán un monto de B/.100.00 mensuales, los cuales serán financiados con bienes y dineros provenientes del decomiso de actividades relacionadas el narcotráfico. Estos serán abonados por el Estado Nacional mensualmente teniendo en cuenta a cada persona vulnerada y tendrá un carácter vitalicio.
A si mismo, el Estado está obligado a realizar una inspección del lugar al que irá a vivir el menor. De ser una persona con discapacidad el cuidador tiene que presentar el certificado único de discapacidad de la autoridad competente si desea recibir el beneficio.
Para su proponente, la diputada Zulay Rodríguez "se ha hecho justicia a una gran población de niños y niñas que quedan huérfanos debido a la violencia doméstica u homicidio de un progenitor hacia otro progenitor".
¿Quién cobrará el beneficio?
Si se trata de un menor de 18 años, será el cuidador o tutor designado quien lo haga, en consonancia a las leyes vigentes y siguiendo el debido proceso. Y cuando el titular del beneficio alcance la mayoría de edad será él quien lo cobre directamente.
No obstante, el beneficio no podrá ser cobrado bajo ningún motivo, por quien hay sido condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio cometido contra los progenitores del beneficiario.
Este instrumento legal tendrá vigencia un año después de su promulgación.
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