La OIT no nos va a salvar y eso está bien

Al leer las Conclusiones y recomendaciones de la Valuación actuarial del sistema de pensiones panameño, al 31 de diciembre de 2019 (2022) de la OIT, considero que se confirman seis sospechas:

La primera no sorprende. Cuatro de las dieciocho conclusiones y tres de las nueve recomendaciones están relacionadas con la administración. Estas incluyen aspectos como: (1) capacitación de personal, (2) modelos actuariales, (3) sistemas de información y (4) procesos operativos como los de afiliación, recaudación, inspección y registros contables. A mi parecer, esto constituye casi todo lo que se puede considerar “administrativo.”

No obstante, la OIT hace dos señalamientos que van más allá de la Junta Directiva y de la Administración de la CSS. La primera, es que nuestro crecimiento económico no se ha traducido en mayor trabajo formal ni en mayor cobertura. La segunda, es que la creciente informalidad laboral pone en peligro la sostenibilidad financiera del IVM. Si bien una mejor administración aumentaría la cobertura del sistema, promover el trabajo formal se escapa de las funciones de la CSS.

Otro problema es la propia Ley Orgánica (Ley 51 de 2005). Para darnos una idea, se menciona ocho veces la palabra “diseño” en las dos páginas y media que abarcan las conclusiones. El informe incluso utiliza la frase “problema de diseño” refiriéndose al Subsistema Mixto creado en 2005. Además, deja claro que la crisis actual era predecible al decir que la situación del SEBD (el “solidario”) “se considera normal en los regímenes de población cerrada” y cuando señala que no está previsto el financiamiento de los “costos de transición.”

Para entender esto, cabe mencionar que los “costos de transición” representan la cantidad de dinero que hará falta para pagar las pensiones del SEBD. Este “déficit” fue causado por la reforma de 2005 que cerró el SEBD, creó el Mixto y transfirió a los cotizantes más jóvenes al Mixto. Esta situación, en la que el cierre de un sistema genera “costos de transición,” se conoce desde los 80’s, ha ocurrido en varios países y se sabía que pasaría en Panamá desde 2005.

Este informe también señala dos realidades sociales. La primera es que las pensiones son demasiado bajas y que seguirán reduciéndose. Ante esto, recomiendan crear “mecanismos de ajuste automáticos” que incrementen el monto de las pensiones durante la vida de una persona jubilada. Sobre esto, puedo añadir que se refieren a indexarlas al costo de la vida y/o al nivel general de ingresos como establecen los Convenios 102 y 128 de la OIT. Por ejemplo, las pensiones se podrían aumentar anualmente con base en la tasa de inflación.

La segunda realidad que señalan es que el IVM “no incorpora elementos de compensación ante las inequidades de género en las condiciones de adquisición de derechos y montos de beneficios de las mujeres.” Ante esto, la OIT apenas recomienda que se elabore “un análisis detallado de las inequidades de género en el sistema panameño de pensiones.” En resumen: el IVM está “en primera base” en cuestiones de equidad de género.

Por último, llama la atención lo poco que se propone. Además de las mencionadas recomendaciones, la OIT sugiere “optimizar el mecanismo” para acceder a los fondos del fideicomiso del SEBD. Fuera de eso, sólo recalca que sus técnicos están disponibles para apoyar y enumera una considerable lista de buenas prácticas administrativas. No menciona cómo solucionar la crisis.

Esto último no me sorprendió. Luego de dos años trabajando en una tesis que se basa en la perspectiva de la OIT, tengo la impresión de que este organismo “se muerde la lengua” cuando se les invita a procesos de diálogo como este. En otras palabras, la OIT sólo prestará su capacidad técnica.

Esto me parece bien porque este problema es parcialmente técnico. El otro componente de esta discusión son las visiones antagónicas sobre cómo debería ser el sistema, o lo que algunas personas llaman con desdén: “la discusión ideológica.”