Atentados contra el mar

Hace días recibí una llamada de unos amigos colonenses, quienes me explicaban que la misma “bacha” que ha estado extrayendo arena submarina en Miguel de la Borda, ahora se encontraba frente a las costas de Nombre de Dios. Y es que, en esa región del país, todos han sido testigos la manera como, coincidentemente con el otorgamiento de permisos y extracción de este material, el mar ha estado literalmente “comiéndose” sus playas; al tiempo en que las olas, cada vez más amenazantes, buscan arrebatarles sus hogares.

En efecto, de acuerdo con la página web del MICI, actualizada a septiembre de 2008, existen 28 contratos vigentes para la extracción o exploración de arena submarina en Panamá que suman alrededor de 13,000 hectáreas concesionadas de nuestras costas del Caribe o Pacífico, la mayoría de ellos con volúmenes de extracción que equivaldrían a llenar más de 765,000 mil litros de arena diariamente, por cada contrato, por los próximos 10 años.

Sin embargo esta cifra, que a primera vista pareciera de terror para conmemorar las próximas festividades de Halloween, es sólo un detalle en comparación con las más de 72,000 hectáreas de fondo marino que se están tramitando para los mismos fines. Pero en esta ocasión, ya no se trata sólo de los clásicos y ya azotados distritos de Capira, Chepo, Chame o San Carlos; pues las concesiones, de aprobarse, estarán justamente frente a nuestros hogares, en los corregimientos de Juan Díaz, Parque Lefevre, San Martín, Calidonia, Santa Ana o San Felipe, por mencionar algunos ejemplos. ¿Será acaso que nuestras autoridades olvidaron que, mediante la Ley 38 de 1996, aprobamos la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), según la cual, aunque nuestro país tiene el derecho soberano de explotar sus recursos naturales, en términos generales, tiene igualmente la “obligación de proteger y preservar el medio marino”?

Por ello es lamentable conocer que han sido otorgados, incluso, permisos de extracción de arena submarina en el frágil Archipiélago de Las Perlas, pues Panamá, como Estado parte de CONVEMAR, está obligado a aplicar todas las medidas para “proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de vida marina diezmadas, amenazadas o en peligro”.

Es cierto, el impacto de la extracción de arena submarina dependerá de numerosos factores, entre ellos el método empleado, el tipo de sedimento, la topografía del terreno o las comunidades macrofaunales presentes en el sitio de extracción. ¿Pero, hasta cuándo seguiremos otorgando permisos para actividades que han sido reconocidas legalmente como “potencialmente peligrosas” en otras latitudes; sin que corroboremos realmente, y de manera previa, que no se afectará negativamente a la integridad ecológica del área o —en el peor de los casos— los bienes, vida y salud de seres humanos?