Transmóvil, ¿alternativa sin rumbo?

Nueve meses han transcurrido desde que el presidente, movido por el clamor y la desesperación de la ciudadanía hizo el anuncio oficial de que abriría las puertas a lo que mucho pensamos —en aquel entonces— sería el principio del fin de una era de atropellos, desmanes y agravios cometidos contra los usuarios del servicio público del transporte, los conductores, peatones y quienes en muchas ocasiones hemos también asumido el rol de víctimas de la cofradía de unos cuantos bellacos que después de décadas de permanecer en el lucrativo negocio del transporte, hoy aducen convenientemente la ineficiencia del mismo.

Sin embargo, los ajustes y cambios promovidos por la actual administración parecieron más orientados a premiar las arbitrariedades que a corregirlas y buscar una salida definitiva en favor de los usuarios.

Desde sus inicios, el proyecto siempre dio muestras de ser un paliativo y no una solución real al colapsado sistema. La oferta de poner fuera de circulación los diablos rojos para renovarlos por otros de sus homólogos representó para muchos una burla a las exigencias de la sociedad y a la onerosa inversión económica que en materia de estudios se había asignado previamente a fin de encontrar la mejor alternativa al problema.

No obstante, el otorgamiento de facultades extraordinarias a la Autoridad del Tránsito para negociar unilateralmente y adjudicar $25 mil dólares en concepto de indemnizaciones a cada dueño de bus puso en entredicho el desarrollo de un proceso que debía satisfacer las aspiraciones de cientos de lesionados y familiares de fallecidos, quienes desde la impunidad y el olvido abogan por justicia.

Hechos que van desde la falsificación de documentos por parte de uno de los aspirantes, hasta la no viabilidad del proyecto con los propósitos y planes de los aspirantes al Palacio de las Garzas hacen que el 37% de los votantes que participaron en nuestro sondeo semanal, se incline por la opción de dejar en manos del próximo gobierno esta delicada faena.

Opinión que en cierta forma comparte un 26% que tomando posiciones más radicales, se inclina por la suspensión total del proyecto.

Entre tanto, un representativo 36% optó por la culminación de esta aventura emprendida por el actual gobierno, a fin de despejar la estela de dudas y el desasosiegos que embargan a una ciudadanía que cuestiona si el Transmóvil coadyuvará a la solución del intrincado problema del transporte o simplemente postergará el sufrimiento de millares de usuarios que hemos tenido que apreciar de manos atadas cómo un servicio público quedó convertido en un arrollador y letal enemigo público.

- El autor es financista, docente. alfasa13@cwpanama.net