Un evidente chantaje

Aprobado el paquete de reformas a la Caja de Seguro Social, en el 2005, algunos sectores del funcionariado de la institución le cayeron a los fondos para lograr incrementos salariales, olvidándose del fin para el cual se hizo todo ese movimiento a favor del presente y futuro de los asegurados.

Hace más de 20 años se dio la primera alarma sobre el estado financiero de la Caja de Seguro Social, sin que los gobiernos le dieran la atención a esta situación. Fue la administración presidida por Martín Torrijos la que tomó la decisión de enfrentar este problema sin detenerse ante las consecuencias políticas, sino como una medida que era urgente atender. Por ello, los diferentes grupos de la sociedad, preocupados por el presente y el futuro de nuestra institución de seguridad social y por quienes a lo largo de su vida laboral hemos aportado para recibir atención, pensiones y/o jubilaciones, cerraron filas con el gobierno para tratar de evitar el colapso institucional.

En el camino hasta llegar al entendimiento y a las reformas de la ley que regía a la Caja de Seguro Social, hubo muchas situaciones problemáticas, como los cierres de calles, quema de autos y llantas, alteración del orden público, en fin, reticencia de quienes no entendían ni aceptaban que había llegado el momento de actualizar el tema o corríamos el riesgo de perder a la entidad y lo que la misma representa para los cotizantes y beneficiarios. Superados estos escollos, con la participación y aporte de todos los sectores, la administración se dedicó a poner en marcha todo lo relativo a sus responsabilidades. Pero casi de inmediato se encontraron ante otras grandes vallas: los chantajes de algunos funcionarios de la CSS, cuyas ambiciones se despertaron ante un supuesto auge económico de la Caja, sin tomar en consideración que ese pequeño colchón, logrado con la aprobación de la nueva ley, ya tenía el destino de salvar los diferentes programas, sobre todo el de Invalidez, Vejez y Muerte, quizás el más afectado, casi sin fondos.

Así, entre los servidores con peticiones insaciables y los jubilados y pensionados, se inició el vía crucis de nuestra institución de seguridad social. Han sido cuatro años de tener que lidiar con quienes no les ha importado atentar contra los derechos humanos de los asegurados recluidos en los hospitales, los que estaban a la espera de una determinada atención, de aquellos que requerían medicamentos, de los que necesitaban transitar las calles, es decir, se olvidaron de los demás para dedicarse a sangrar los pocos recursos económicos que deberán apuntalar a la institución para el presente y el futuro.

Lo peor del caso es que se trata de un funcionariado al que no se le reconoce por sus dotes de excelencia en la atención del asegurado, aunque sea solamente para proporcionar una simple información. Tampoco se trata de servidores dispuestos a someterse a pruebas de competitividad o a exámenes mínimos para comprobar si son idóneos para ejercer profesionalmente, o con conocimientos actualizados, las tareas a ellos encomendadas.

A todas luces se ha hecho evidente que esos sectores han chantajeado al gobierno nacional y el tiempo será el mejor testigo de un proceder egoísta y que afectará a las finanzas de la Caja de Seguro Social, y a los recursos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, si tomamos en consideración el aumento en las expectativas de vida de la población panameña. Los más afectados serán quienes dependen exclusivamente de una pensión y/o jubilación.

- El autor es presidente de la Asamblea Nacional. rrodriguez@asamblea.gob.pa