Harley Mitchell en el camino correcto

Los medios nacionales han llenado grandes espacios informando sobre el reciente acuerdo No. 398 que emitió la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, presidida por James Harley Mitchell, el cual está dirigido a suspender de sus funciones a varios altos miembros del Poder Judicial, jueces incluso, por una exagerada morosidad que muchos de ellos mantienen sobre una gran cantidad de negocios judiciales que son su responsabilidad evacuar con la mayor puntualidad posible, a fin de que la justicia sea verdadera justicia.

Era un secreto a voces el tortuguismo con que algunos despachos judiciales procesan los expedientes, teniendo en cuenta para evacuarlos los que son de alto perfil, en donde entran a manipular influencias y relaciones de bufetes, de parentesco y/o de amiguismo.

Muchos nos acordamos cuando se instaló el actual magistrado presidente. Fueron muchas las promesas que hizo, principalmente adecentar y execrar del ámbito judicial a una serie de personajes funestos, que han anclado sus intereses comerciales y personales en la estructura superior de la justicia para beneficio propio y de sus más allegados. Dudé al inicio de estas promesas, porque la norma habitual es hacerlas al llegar, pero nunca concretarlas. Pero ahora que Mitchel comienza a ponerle freno a tanta mala praxis, salen los eternos detractores a interponer denuncias y a tratar de derribar este primer intento de acabar con la “negligencia inexcusable” con que se manejan expedientes en nuestros tribunales de justicia.

Como era de esperarse las protestas de los afectados por la resolución surgen bajo la premisa de que se trata de una respuesta radical e ilegal de los magistrados que integran la Sala de Acuerdos Generales. Se contradicen algunas organizaciones que dicen representar a la sociedad civil, cuando han elevado su grito al cielo, aduciendo leguleyadas que bien pudieran soslayarse ante la canallada que representa que injustamente estén encarcelados muchos panameños ante la ineptitud de quienes debieran dictar una justicia expedita. Por igual, el planteamiento de la mal llamada Asociación Panameña de Jueces y Magistrados, quienes esgrimen el argumento no sustentado de que se atenta contra la independencia judicial y la estabilidad de los funcionarios de carrera.

Es más, desde aquí sugiero que se extienda la misma acción a los propios magistrados de las distintas salas de la Corte, donde también existen muchos casos esperando pronta y adecuada atención. El magistrado presidente, ahora que está emocionado haciendo algo por la sociedad, pudiera entrar a debatir en torno a los clanes de poder que operan a lo interno de la Corte Suprema. Los llamados bandos y las cuotas de poder que defienden a capa y espada, en detrimento de los ciudadanos comunes y corrientes, que sólo vemos cómo en ese alto tribunal se mueven influencias y recomendaciones para expedir fallos y no se evalúan los fondos y las formas de los expedientes tratados.

-El autor es periodista.erluga@cwpanama.net