Una sana advertencia

El pueblo está vitoreando las acciones que el presidente Ricardo Martinelli ha emprendido contra las empresas de las cuales se dice, que sin ningún procedimiento legal, han usurpado el fondo marino, robándole a la Nación ese espacio, al construir rellenos que luego habilitan para usufructuarlos.

El estilo de estas medidas nos recuerda cuando, por ausencia de leyes o de un orden jurídico, los grupos sociales que propugnaban por la justicia tomaban acciones de fuerza, por no tener otro recurso para anteponerse a los abusos de los malhechores que violaban la convivencia de los débiles, por lo que se presentaba la confrontación como única fórmula de justicia.

Gracias a Dios, la evolución humana ha encontrado nuevas fórmulas de convivencia, de métodos civilizados para hacer justicia. Los pueblos civilizados del mundo han logrado dirimir sus diferencias a través de las normas que la sociedad ha acordado entre los diferentes grupos que la conforman, y ha firmado este contrato bajo la dirección de un estatuto, que, como marco general, presenta las reglas que han de iluminar como un gran faro el sendero por donde deben marchar las sociedades; esta guía es conocida en cada país como la Carta Magna o Constitución Nacional.

EL primer deber de todo gobernante es respetar y ser garante de todo lo escrito en este gran documento, por ello al tomar posesión de su cargo jura respetarla y garantizar su cumplimiento. Hasta los criminales están protegidos por la normas que el Estado ha dictado para su captura, prisión, juzgamiento y condena, y aunque algunos hayan hecho tanto daño a la sociedad, que quizás merecen castigos ejemplares, el orden público jurídico los protege para ser juzgados y cumplir con el debido proceso.

La premisa es sencilla, si se permite la excepción en un caso dará como resultado que la base jurídica de cualquier nación se debilitará, porque mañana otro la quebrantará, cayendo en un círculo vicioso. Si cada cual puede tomar la justicia por sus manos, ¿será culpable el padre que mata al agresor de su hija? Esto no es de risa, así funcionaban los grupos sociales cuando imperaba la fuerza primitiva y no las leyes, así como en el Viejo Oeste.

¡Qué decir de la imagen internacional! Si un inversionista hizo un trato con los gobernantes de un país y dicho convenio perjudica a la Nación ¿solo es culpable el inversionista? ¿Y qué de los gobernantes?, lo permitieron!, ¿no debe esto tratarse en los tribunales?, ¿cómo conocer los detalles sin un juicio?, ¿qué norma debe abolirse y emendar para evitar futuros errores?, ¿qué inversionista va a creer en el respeto de las leyes?, ¿es el gobernante la Ley?

Todo convenio que se haga hoy no va a tener validez si al gobierno entrante no le parece bien; que quede claro, no critico el deseo de corregir, sino la forma de hacerlo. Acaso los extremistas no se creen dueños de la verdad. La prudencia es el mejor consejero, éste es un principio que deben saber manejar los que desean el bien del señor presidente, aconsejar lo contrario puede tener un doble propósito, fomentar condiciones para deteriorar su imagen, produciendo un debilitamiento a futuro, pues es indudable que lo que hoy se aplaude será cuestionado por el rigor de la verdad mañana, produciendo, entonces, una imagen extremista, que no es propia de quien tiene la obligación de administrar una Nación.

Esto es una sana advertencia, no digamos una mentira que imprima el sello de una verdad en busca de aplausos, vítores, que demarquen un altruismo que no existe.

¿Quién puede beneficiarse de esto? Probablemente el consejero que en el papel de gobernante jamás actuaría de esa manera. ¿Es acaso una cortina de humo para crear un carnaval de alegría, mientras se preparan las bases para fomentar un desempleo galopante con las reformas a la Carrera Administrativa u otras medidas que traerán la desolación a miles de hogares panameños? ¿Es el nuevo estilo? ¿Veremos grandes espectáculos y después lágrimas? Espero estar equivocado..

*Jefe de la bancada del PRD.opinion@laestrella.com.pa