Mala fama como paraíso fiscal

El desarrollo de las sociedades capitalistas ha provocado complejos fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos. Vivimos una etapa de esplendor para los llamados “delitos de cuello blanco”, de la cual consideramos ningún país escapa, aprovechando estos delincuentes la deficiencia de los sistemas normativos punitivos, como es el caso de Panamá y muchos otros, donde el sistema penal es clasista, porque reprime los delitos perpetrados por personas de bajos niveles económicos y educativos, pero es benigno y a veces nulo con la delincuencia practicada desde las altas esferas económicas y sociales. Con esta situación, Panamá supuestamente ha sido y es terreno abonado para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de dinero y estafas financieras.

En este sentido, la OCDE ha incluido a Panamá en la denominada “ lista gris “, caracterizada por el compromiso a intercambiar información financiera, es decir, por ser considerado un paraíso fiscal, por lo que esa organización puso en marcha un mecanismo de sanciones unilaterales entre las que estaba la negación de créditos para financiar operaciones transaccionales. Países como Francia y Reino Unido consideran que se deben aplicar sanciones a los llamados paraísos fiscales, conociéndose recientemente que el banco francés BNP Paribas se retiró después de 57 años de operaciones en Panamá.

Para contrarrestar esa mala fama de Panamá como “ paraíso fiscal ”, el Gobierno Nacional está dispuesto a alcanzar acuerdos de intercambio de información fiscal con la OCDE, considerando como una de sus estrategias la celebración de tratados de doble tributación. En este orden de ideas, el viceministro de Economía, Frank De Lima, ha afirmado que Panamá no es un paraíso fiscal, porque las empresas pagan impuestos bajo un concepto de territorialidad, pero considera que es necesario tomar decisiones —como es el caso de los tratados de doble tributación con países que tienen fuertes relaciones comerciales y diplomáticas con Panamá—, porque no pueden mantener el statu quo, aunado a la importancia de obtener una calificación de grado de inversión para incentivar el flujo de capitales y de otras actividades financieras, el cual tendrá mayor impulso, ayudando así al desarrollo de la economía panameña.

Una característica de un paraíso fiscal es la existencia de estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Es habitual que los datos de accionistas y directores de empresas no figuren en registros públicos, sino que se encuentren bajo la custodia de su representante legal, el llamado agente residente, o de repente por medio de un tercero con menos jerarquía en una empresa, como es el caso de un aseador, mensajero, etc.; sin embargo, observamos que Panamá, por medio de la Superintendencia de Bancos y la UAF, ha alcanzado importantes acuerdos de cooperación de información, así como de control, específicamente con las estrictas políticas de identificación de sus clientes, conocidas como “ due diligence ”, lo que evidencia la cooperación que viene realizando Panamá en este sentido.

Esperemos que estas negociaciones de doble tributación traigan el beneficio que espera nuestra pujante y sana economía, con el fin de que no seamos considerado un “ paraíso fiscal ”; fama más bien proveniente de la publicidad que se nos ha dado en algunas proyecciones cinematográficas, como calificó el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino.

*Abogado-MBA-Asesor Económico.nanchy@hotmail.com