Nombramiento de magistrados: Una sugerencia

Independientemente de las cualidades y capacidades personales de los individuos que resultaron seleccionados, nominados y ratificados, el reciente proceso que desembocó en los nombramientos de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha dejado un indiscutible grado de inconformidad y frustración en mucha gente. Aunque no es posible cuestionar la facultad determinante que en este tema reposa privativamente en el Consejo de Gabinete, lo cierto es que el Órgano Ejecutivo —de manera voluntaria— se había impuesto límites y condiciones que a la postre terminó ignorando.

Nadie puede cuestionar su derecho constitucional de hacerlo, pero muchos pensamos que hay maneras para lograr la verdadera independencia judicial que ansiamos. Si aspiramos a construir un sistema republicano de gobierno constituido por tres poderes realmente independientes, que se vigilen y fiscalicen entre sí para evitar el abuso del poder por cualquiera de ellos, el Órgano Judicial por antonomasia es el llamado en primer lugar a disfrutar de esa cualidad, por cuanto depende exclusivamente del respeto que la fortaleza y solidez de sus decisiones merezcan.

Se han adelantado varias sugerencias para asegurar la independencia en la escogencia de jueces y magistrados. La Alianza Ciudadana Pro Justicia ya había sugerido que el sistema de selección de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y los dos procuradores fuese modificado, para que fuesen designados por un Consejo de Judicatura o escogidos de una lista propuesta por gremios profesionales, universidades, etc. Con el debido respeto, permítaseme disentir, porque considero que la responsabilidad debe permanecer en el Órgano Ejecutivo mientras que los gremios y grupos organizados de la sociedad civil deben disfrutar de un amplísimo margen para opinar, respaldar o reprobar candidaturas.

Ahora bien: considero que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben ser escogidos única y exclusivamente entre el grupo de magistrados de los Tribunales Superiores de los cinco Distritos Judiciales de la República, entre magistrados de diferentes tribunales administrativos que deben decidir controversias en grado de apelación, como el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, el Tribunal de Cuentas y otros similares, e incluiría candidatos provenientes del mundo académico, tales como profesores de tiempo completo o decanos de leyes en universidades reconocidas, cuyos aportes a la investigación y desarrollo de las ciencias jurídicas sea significativo.

Si limitamos las posibilidades a esta cantera de elegibles, entonces competiría al Órgano Ejecutivo activarse en una intensa búsqueda de candidatos idóneos. No se limitaría a recibir solicitudes de cuanto aspirante que se les ocurra presentarse. La función del Ejecutivo sería proactiva por excelencia, sería pública e indagaría a fondo sobre: formación académica, antecedentes personales y profesionales, decisiones dictadas, conferencias dictadas, escritos publicados, ideología política (no politiquera ni partidista), filosofía de vida, valoración de la democracia y de la libertad, principios éticos, dedicación al trabajo; en fin, tantos aspectos relevantes que hacen al carácter que resulta imprescindible en un jurista que aspire ocupar el más alto cargo que su profesión le puede ofrecer. Los gremios organizados de la sociedad civil tendrían así amplio espacio para emitir opiniones y el proceso no se cerraría hasta tanto todos hayan opinado.

Esta sugerencia no requiere modificación legal ninguna. Pienso que tiene claras ventajas en la dirección correcta y la someto, con todo respeto, a discusión.

*Ex diputada de la República.mireyalasso@yahoo.com