• 13/01/2010 01:00

En nombre de la justicia

Invocando su nombre se han liderado muchas gestas a través de nuestra historia. En ocasión de cualquier acción discriminatoria o abusiva...

Invocando su nombre se han liderado muchas gestas a través de nuestra historia. En ocasión de cualquier acción discriminatoria o abusiva contra un individuo o contra un grupo de personas o contra la nación entera, se ha dejado sentir el deseo innato del pueblo porque se remedie la acción inicua y se haga justicia. A diferencia de la Ley del Talión, la gente se identifica con causas justas que merecen respaldo. El pueblo panameño no es vengativo y no confunde justicia con venganza. A Moisés Giroldi no le hicieron justicia; en cambio, fue ajusticiado como represalia.

Cuando el presidente Remón Cantera acuñó su frase “ Ni millones, ni limosnas, queremos justicia ”, recogía y abanderaba la rebeldía popular contra la discriminación deshonrosa que nuestra nación sufría en la década de los 50, aprisionada en injustas disposiciones del Tratado del Canal, que se lograron atemperar con el respaldo del pueblo. Cuando la Cruzada Civilista, a finales de la década de los 80, empuña la bandera de enfrentamiento al régimen dictatorial y se hace eco del grito de “ Justicia, justicia, justicia ”, que resonaba en todos los corazones y en todos los rincones del país, se intentó poner fin a la angustia creada por el abuso de la autoridad contra opositores, la persecución ciudadana, la restricción de la libertad, los vejámenes y los crímenes sin castigo que caracterizaron al régimen militar, sobre todo en sus últimos momentos.

Cuando una madre sumida en la impotencia llora desconsolada ante el cadáver de su hijo asesinado sin razón, vemos como solo reclama que se sancione al culpable. En ese momento su congoja no demanda venganza, solo pide que el delito no quede impune y que se aplique la Ley como corresponde. Pide, clama, exige la justicia que dispensará su merecido al delincuente.

Existe la percepción de que en los últimos regímenes democráticos, a partir de la década de los 90, ha campeado la corrupción, tanto en las esferas gubernamentales como en el sector privado. Poco o casi nada se ha logrado hasta ahora en prevención o castigo, dejando un saldo frustrante de insatisfacción ciudadana. En este campo el pueblo demanda que se haga justicia y que se apliquen sanciones de comprobarse la comisión del delito.

Aunque parezca llover sobre mojado, es imprescindible que las autoridades persigan a los sospechosos de delitos cometidos en este y en anteriores gobiernos. Es su responsabilidad histórica. Eso sí: sin las venganzas y sin los abusos que, amparados en nombre de la justicia, rodearon años atrás el infame proceso contra el presidente Guizado, que es un baldón a la conciencia nacional. Tan importante como encontrar al delincuente, es darle toda la oportunidad legal al acusado para defenderse. Como en cualquier competencia deportiva aspiramos a triunfar y debemos hacerlo en buena lid, porque una victoria basada en trampas es deleznable, una sentencia condenatoria solamente resulta moralmente válida si es precedida por todas las oportunidades legales disponibles a la defensa.

El proceso dejaría de ser una farsa y quedaría libre de cualquier suspicacia que lo pudiese tildar como un bochornoso acto de venganza; independientemente del resultado, de eso se trata un “ debido proceso ” que tenga credibilidad. Deberíamos ser pacientes si ese fuera en realidad el norte de las autoridades; de lo contrario, tendríamos justa razón para preocuparnos.

*Ex diputada de la República.mireyalasso@yahoo.com

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