La responsabilidad es de todos

La inseguridad rampante en el país saca a la luz las complejas relaciones existentes entre la sociedad y el Gobierno, y la necesidad de reconstruir este último, pero también de asumir las responsabilidades individuales y grupales de orden privado.

El incremento de ejecuciones, ajusticiamientos, asesinatos, secuestros, robos violentos, asaltos a mano armada y la ola de crímenes en todas las esferas de la geografía nacional pone de manifiesto la debilidad de los controles y el riesgo a que estamos sometidos todos por la desidia de los gobiernos y de sus funcionarios. En base a esta evidencia, numerosos ciudadanos, analistas y dirigentes políticos critican la falta de actuación de las autoridades en el resguardo de la seguridad de la población y reclaman la reconstitución de los organismos que deben cumplir esa función.

Estas críticas y reclamos son indudablemente fundados. El sistema de seguridad actual ha sufrido, por decisiones gubernamentales y como consecuencia de sucesivas crisis, un profundo deterioro, y ha perdido capacidades de control, regulación y prevención para garantizar el cumplimiento de las normas ya vigentes en cuestiones como vigilancia, inteligencia, contención y represión. Además, la despreocupación y carencia de profesionalismo de funcionarios y diputados deriva en la falta de reflejos del sistema público para establecer nuevas normas que serían indispensables para proteger a la ciudadanía.

Pero esto es solo una parte de la historia. El buen funcionamiento social no depende solo de la calidad o eficiencia de los estamentos estatales, sino de la forma en que esa sociedad, en sus estratos directivos, en sus grupos constitutivos y en sus individuos, se comporta en relación al interés colectivo y, específicamente, al Estado.

En Panamá, existen desde hace mucho tiempo, conductas dirigidas a desconocer o desafiar las leyes, regulaciones y reglamentos establecidos. La “ viveza criolla ” se denomina, precisamente, la aplicación de la inteligencia o la picardía a la violación de las normas, a operar de acuerdo al más inmediato interés individual sin tener en cuenta los intereses ajenos.

Conductas como el desconocimiento de las reglas de tránsito —que provocan un número descomunal de muertes y accidentes—, o la evasión de los impuestos, por citar solo dos casos típicos, no son, generalmente, condenadas por la opinión privada o pública. Como hecho significativo, se da el caso de funcionarios que hacen la apología de esta “ viveza ” idiosincrática y que la practican desembozadamente, sin generar la repulsa pública, y aún más grave, conservan durante buen tiempo apoyo político.

Otro aspecto de esta cuestión son las actitudes antisociales o violentas de sectores políticos y agrupaciones de ciudadanos perjudicados por políticas públicas. En muchas ocasiones estos reclaman al Gobierno por lo que entienden el resguardo de sus derechos, pero lo hacen con acciones malsanas, violatorias de la Ley, de los derechos de otros ciudadanos y dañinas para bienes públicos y privados. Cierran calles, encienden llantas, obstruyen el tránsito y vociferan en áreas designadas para guardar silencio, como es la zona al frente de la Universidad de Panamá donde se encuentran ubicados más de 800 pacientes hospitalizados en distintas salas del Complejo Metropolitano de la Caja de Seguro Social.

Actuando de este modo, incurren en una contradicción flagrante entre la demanda de Estado de Derecho y conductas propias de la ley de la selva, es decir, del estado de la sociedad previo a la institución del orden a través del poder estatal y de la regulación de las relaciones humanas a través de la Ley.

Por lo visto, ya no bastan las discusiones entre la conveniencia de una política de mano dura o una de mano suave, o cuál nombre rimbombante colocarle al siguiente operativo del tipo “ ¡Ay, qué miedo! ” ni los refranes electorales que prometen rebajas en las tasas de criminalidad. Nada parece importar con los 450 millones de dólares que se gasta el Gobierno anualmente en materia de seguridad. Nada absolutamente es suficiente, cuando el hampa se ha tomado el país como rehén y ha establecido su centro de operación en cada barriada.

En el siglo XVII Thomas Hobbes forjó, precisamente, una metáfora del poder, según la cual los ciudadanos delegaban en el Estado absoluto la potestad de organizar la sociedad para evitar matarse entre ellos. Como alternativa a esta ominosa posibilidad se presenta la planteada en el mismo siglo por John Locke, de un pacto social que garantiza las libertades individuales amenazadas por el estado salvaje de la sociedad, constituyendo una ley y un poder civil con capacidad para dirimir los conflictos en base a la misma.

Un componente básico de este segundo orden, de vida en libertad, es la responsabilidad civil en el respeto de ese pacto. Por eso, además de exigir al Gobierno el cumplimiento de sus deberes, es necesario cumplir condiciones inherentes a la convivencia, como respetar las leyes y los derechos ajenos.

Con justicia, la sociedad reclama por el mal funcionamiento del Gobierno. Pero también tiene responsabilidades que no cumple en el respeto de normas y leyes básicas para el orden, la seguridad y la convivencia.

*Empresario.lifeblends@cableonda.net