Peligros en Darién

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han acusado al gobierno panameño de haber liquidado “a mansalva” a tres de sus integrantes y de coordinar con el gobierno colombiano ataques a su organización. La acusación tiene graves implicaciones y connotaciones.

El gobierno panameño tiene el deber de prohibir y contener la presencia ilegal de civiles, militares o insurgentes dentro de su territorio, así como la potestad de coordinar con el de Colombia que esta tarea se haga con respeto a la soberanía nacional de ambos países. Lo que no puede hacer el Senafront o cualquier otra fuerza especial panameña es asesinar a los elementos irregulares, aunque su condición en nuestro país sea ilegal en Darién o en cualquier punto de la geografía nacional.

Si se comprueba la veracidad de las acusaciones de las FARC —que suelen ser muy precisas y responsables en estos casos— el gobierno panameño estaría enfrentando dos tipos de delitos diferentes. Por un lado, el Senafront sería responsable de crímenes de guerra, pues si los presuntos guerrilleros fueron liquidados “ a mansalva ” es que no lo hicieron en combate, y esto no lo permite la Convención de Ginebra. Las informaciones que circulan por todo Panamá indican que los tres presuntos guerrilleros estaban bañándose o desprevenidos o no portaban armas, o sea, fueron asesinados, cosa que no debe enorgullecernos en forma alguna. Debe aclararse si dichos elementos fueron emboscados o ejecutados a boca de jarro, pero tranquiliza conocer que las FARC tienen la firme disposición de “ no atacar a fuerzas vecinas ” ni trasladar su conflicto hacia países fronterizos, lo que no les resta, por supuesto, su derecho a la defensa propia.

En segundo lugar, la coordinación militar y estratégica de Panamá con Colombia significaría que Panamá está violando su propia Constitución, pues nuestro país no está autorizado para entrar en alianzas militares de ninguna naturaleza, dada la condición de que no podemos poseer ejército, salvo que una operación con ese propósito sea autorizada por la Asamblea Nacional, cuya autoridad para aprobar o improbar acuerdos internacionales no se discute. Una alianza militar entre Panamá y Colombia —secreta por demás— constituiría una violación del Tratado de Neutralidad, que obliga a Estados Unidos y Panamá a impedir que se produzcan amenazas al Canal interoceánico (Artículo II).

Panamá no puede ser partícipe del Plan Colombia ni abiertamente, ni de manera encubierta. Es de especial importancia advertir que el presidente Álvaro Uribe felicitó al gobierno panameño por el operativo contra las FARC, lo cual confirmaría que Panamá está siendo integrada al conflicto del hermano país, cuyo enfoque militar ya fracasó, y que el involucramiento de Panamá en Darién no es ya en contra del narcotráfico tan solo, sino que se comprende en el marco de una intervención multifacética a nivel regional que se ensaya bajo la jefatura del Comando Sur de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos obtuvo el uso y control de siete bases militares colombianas con alcance continental en el mismo momento y fecha en que el gobierno panameño anunció el establecimiento o construcción de bases aeronavales en ambos océanos. ¿Qué busca el presidente Uribe en Panamá?

La escalada militar y el derrame del conflicto colombiano hacia Panamá bajo el Plan Colombia o el Plan Patriota refuerzan las tendencias de remilitarizar a nuestro país y a crear las condiciones para el retorno abierto (ahora lo es secreto) y sin contemplaciones de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que manipularían el temor en amplios sectores de la sociedad panameña para afianzar aún más su control sobre los temas alusivos a la seguridad internacional. Pero el actual es un torbellino que pudiera acabar con el proceso hacia la democracia en nuestro país.

Es indispensable usar la diplomacia, contar con una visión verdaderamente nacional y latinoamericanista que nos integre al mundo sin prejuicios, sin temor y sin cobardía, y que nuestra política exterior represente al conjunto de la nación panameña y no únicamente a los sectores empresariales del país, porque, por más exitosos que pudieran ser bajo el neoliberalismo irracional, ellos no son el pueblo y no expresan el espíritu nacional.

Los panameños no tenemos que ser enemigos de Estados Unidos, pero tampoco ser su apéndice ni ser utilizados como instrumento para dividir y debilitar a la comunidad de naciones latinoamericanas.

Los intereses nacionales de Panamá no pueden ser comprometidos en acciones bélicas que van a contracorriente de nuestra tradición histórica de convivencia pacífica, no intervención y diplomacia en la solución de conflictos internacionales. Es necesario volver a nuestras raíces, aprender de las lecciones que nos dejan más de 160 años de relaciones amargas con Estados Unidos, y volver a construir una política exterior coherente, pública y ética, sobre los mismos principios que nos dieron antes brillo internacional. Es necesario no apartarnos del río de nuestra historia.

*Ex asesor de Política Exterior y de las negociaciones de los Tratados Torrijos-Carter de 1977, catedrático de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. julioyao1@gmail.com