Control a la delincuencia en Panamá

La seguridad es un tema ‘Emergente’ y, ante los últimos acontecimientos, un tema urgente, del cual participa una serie de disciplinas científicas. En Panamá, desde principios del pasado siglo, se produce una explosión urbana que destruye antiguas y tradicionales formas de asentamiento, dándose el dilema que se vive entre el desarrollo y la pobreza, entre la modernidad y la tradición, es cuando nos ha ganado terreno la inseguridad.

La distracción en el debate, no previó que bajo la implementación de determinados modelos de desarrollo, se estaba conformando un cuadro de desequilibrio social con altas tasas de cesantía, marginación, drogadicción y caos general. La violencia en Panamá ahora tiene distintas expresiones, que generan diversos grados de inseguridad, y una multifactorialidad de elementos que explicarían su origen y desarrollo, en lo socioeconómico, cultural, medioambiental, psicosocial, etcétera. En términos amplios la violencia la podemos conceptuar como ‘la imposición interhumana de un grado significativo de dolor y sufrimientos evitables’. No debemos dejar de considerar que la violencia es un fenómeno histórico, relacionado estrechamente a condiciones sociales particulares como: el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el autoritarismo y, en algunos casos, las guerras.

La violencia delictual es la principal preocupación en la ciudadanía, la cual está en aumento y esto lo reconocen todos los sectores, esta modalidad genera un daño físico, pecuniario y un sentimiento de inseguridad en la población al verse expuesta en cualquier momento a un acto de violencia. La filosofía que me inspira es aportar con mi experiencia y conocimiento como especialista en investigación criminal, inteligencia y seguridad del Estado, en la erradicación de la violencia, la cual consta de aspectos fundamentales: Que las Instituciones de seguridad hagan cumplir las leyes, sin ignorar las pequeñas faltas, delitos o conductas antisociales, que deben ser corregidos y combatidos apenas se manifiesten, para que no se conviertan en grandes delitos. Las conductas permisivas, que hoy manifiestan las autoridades civiles y policiales, ayudan a crear una sensación de desorden, impunidad e inoperancia de las leyes, esto puede incentivar a otros a cometer delitos mayores. Existe un crecimiento cada vez más violento de la delincuencia, mas no estamos en disposición de permitir abusos o excesos en caso de que las autoridades pierdan la tolerancia y empiecen a limitar las libertades individuales de las minorías o grupos marginados, con brutalidad policial.

Otro aspecto es lograr un mejor control en la utilización de las armas de fuego que entran legal e ilegalmente al país, las usadas por las empresas de seguridad, comerciantes y ciudadanos en general, sin el debido adiestramiento, salvo un permiso otorgado por la D.I.J., institución regente, con grandes limitaciones, donde no han podido optimizar sus Gabinetes Balísticos. Es también conocido que son los principales proveedores de armas para la delincuencia.

Esto es resultado, en parte, de la invasión militar, que desmanteló las Fuerzas Policiales, produciendo un gran caos colectivo, incentivando a la delincuencia a deambular sin control; lo que motivó a la ciudadanía a buscar protección. Ahí nace un mercado negro de armas, todo el que pudo se agenció de una o buscó protección de quienes las portaban; acrecentando el negocio de la seguridad privada y la posterior armamentización de civiles. Hoy, debemos cambiar la estrategia y la política para el control y erradicación de la violencia, especialmente la temida violencia delincuencial; iniciando una batalla sin cuartel, pero no atacando la ‘violencia con más violencia’, o convirtiendo las calles en zonas de combate.

Debemos hacer un decisivo esfuerzo para controlar o eliminar todo el armamento civil y militar de las calles, toda posesión de armas de fuego, legal o ilegal. Tomar la irremediable y necesaria determinación de considerar la creciente ola de criminalidad como un asunto de Estado y proponer mediante ley el decomiso de las armas registradas en la D.I.J., instituciones del Estado no especializadas, empresas de seguridad privada, comercios, particulares, etc. Siendo solo las instituciones del Estado, involucradas directamente con la seguridad, las únicas autorizadas para portar armas de fuego, con la respectiva indemnización a empresas privadas y particulares.