Enfrentando los problemas estructurales del agro

L uego de décadas de abandono, es evidente que existe un conjunto de problemas en el sector agrícola nacional, que requieren ser enfrentados con o sin tratados de libre comercio. Este es justamente el rol del denominado Plan Estratégico de Gobierno 2009—2014, el cual apareció en Gaceta Oficial en diciembre de 2009 y que está constituido por un conjunto de políticas públicas, que buscan atacar las causas del estancamiento de la mayor parte del agro panameño, como una herramienta útil de gestión para resolver los problemas estructurales del campo y mejorar su competitividad, el cual adquiere un carácter urgente, debido al proceso de globalización en el que está inmerso el país.

De igual manera, el Plan Estratégico es además una agenda que implica priorizar los temas vinculados a esta problemática, así como el diseño de estrategias con visión de largo plazo que tienen como meta la creación de las condiciones para un desarrollo sostenido y sostenible de la actividad agrícola del país. Pese a la importancia de una propuesta de este tipo, lo cierto es que el Plan Estratégico fue un tema postergado por mucho tiempo, sin haber logrado concertar una propuesta integral ni alcanzar el compromiso del Estado para avanzar en su ejecución con un mínimo de coherencia y continuidad.

Hasta la fecha no se han implementado acciones consistentes que reflejen la voluntad de parte del Estado por cumplir los compromisos asumidos en el marco de dicho pacto. Por ello, considerando que el TPC con los Estados Unidos y las distintas aperturas con Europa, Asia y el resto del hemisferio representan una gran reto para la agricultura panameña, las organizaciones más representativas del agro han asumido desde hace años el desafío de generar una propuesta integral, la cual ha sido objeto de serias críticas y diferencias con el sector comercial, por ser una postura contradictoria con los procesos de apertura e integración regional.

Es decir, la agricultura se encuentra en un contexto en el que por un lado, no se cuenta con el apoyo decidido por parte del Gobierno para superar sus problemas estructurales, y por otro lado, con un escenario de liberalización comercial que nos expone a una competencia desleal en los principales productos agrícolas, que no va a poder ser corregida o atenuada con compensaciones de parte del Estado, con el agravante de ser ofrecidas por un Gobierno de tinte empresarial y con antecedentes de incumplimiento que dificultan la credibilidad y seguridad del cumplimiento oportuno de éstas.

Aquí cabe destacar que la agenda interna no debe ser un elemento substituto al de tratados de libre comercio previamente negociados, sino que es una tarea que está pendiente desde hace varias décadas, independientemente de la ratificación de los mismos. Más aún, el desempeño y eficacia de este Plan Estratégico estarán seriamente limitados por los efectos negativos para el agro que generarán algunos contenidos mencionados en los acuerdos negociados, como la desgravación (inmediata o gradual) de las importaciones subsidiadas de los principales productos agrarios luego de su entrada en vigencia, porque estos acuerdos no solo nos imponen plazos inmediatos para modernizar nuestra agricultura, sino que niegan el uso de algunos instrumentos de política de comercio exterior, como es la de limitar y restringir el uso del gasto público para promover la producción local.

En consecuencia, es vital el fortalecimiento del sector rural a través de la promoción y organización de los gremios representativos de los productores, así como el desarrollo de modelos asociativos de gestión empresarial para generar recursos económicos para estas organizaciones. Igualmente, el agricultor requiere de nuevas fuentes y nuevas estrategias de financiamiento. Es decir, hay que crear más sujetos de crédito, promover mejores mecanismos de financiamiento para aumentar la cobertura y disminuir los costos, y optimizar las capacidades del BDA. En este sentido, a los agricultores hay que establecerles un régimen tributario que facilite y simplifique el régimen agrario y les permita crecer y desarrollar sus proyectos.

No está de más recordar que los productores deben crear, fortalecer y articular una red de mercados internos que brinde un acceso competitivo y sostenible a nivel nacional. Además, deben identificar mercados internacionales para sostener un desarrollo agrícola integral, crear y fortalecer las capacidades competitivas de los actores, con el fin de tener participación exitosa en el mercado interno y externo. En suma, los agricultores tienen el compromiso de reconvertirse. La modernización del sector no puede postergarse; hay que constituir fondos amplios para el financiamiento del desarrollo de tecnología e infraestructura, al tiempo que se promueve la formación de clusters como gestores de proyectos. Si no se cuenta con la infraestructura adecuada, el funcionamiento eficiente de toda la cadena productiva seguirá siendo una asignatura pendiente.

*EMPRESARIO.