El que más consulta, menos se equivoca

Hemos atravesado una minicrisis institucional entre el Gobierno y el pueblo, y aunque el conflicto que la suscitó aparece acallado, sus consecuencias no son intrascendentes para el futuro político. Al contrario, un gobierno que ha generado muchas esperanzas está exhibiendo a plena luz un espectáculo por la forma en que ejerce el poder.

Para entender los problemas gubernamentales, debe tenerse en cuenta que el anterior proceso electoral se llevó a cabo en un contexto de desagregación de los partidos políticos y que acicateadas por la extrema desconfianza ciudadana, las fórmulas presidenciales fueron confeccionadas buscando figuras aceptables, pero expresivas de una diversidad acorde con la gama de sensibilidades ciudadanas.

Ricardo Martinelli, una vez instalado en el poder, logró rápidamente reconstituir la autoridad presidencial desplegando una voluntad política autónoma que apuntó a desalojar de sus influencias indebidas a los manzanillos y a los intereses. Una acción que fue más allá de lo esperado y de lo imaginable, provocando una vasta adhesión ciudadana, generándole al presidente una suerte de electorado postelectoral; no ya el del voto-rechazo al PRD que se había insinuado, sino el de un apoyo positivo a sus emprendimientos. Y aunque este gobierno ya corrió su primer quinto, su acción parece destinada a una profunda renovación institucional que para ello ha tenido que enfrentar la fuerza de los hechos consumados y de posiciones enquistadas.

Para ir en esta dirección, el presidente tuvo que actuar en solitario, dando la espalda al establishment económico y político, e ignorando la negociación y el compromiso, y es probable que si no hubiese actuado de este modo sus intenciones reformistas se habrían visto frustradas. Las instancias representativas y otros organismos con poder propio —como son los medios y los sindicatos, en el caso de la Ley 30— se volcaron contra la voluntad presidencial y desencadenaron una lucha que obligó a echar para atrás decisiones previas.

Ello muestra que el Gobierno, a pesar de sus buenas intenciones, tiene efectos desinstitucionalizantes, aunque probablemente imprescindibles si se quiere renovar y refundar instituciones justas. En definitiva, el Gobierno en varias oportunidades ha caminado por una frontera que, si hubiese traspasado, lo hubiese llevado al autoritarismo. Es decir que, si en un período excepcional este accionar aparece justificado —pues la decadencia institucional ya abarrota la paciencia ciudadana— no sería justificado que se prolongase y en consecuencia el problema que se plantea es el de saber cuál será el funcionamiento más permanente del régimen político.

Si el presidente ha emprendido un esfuerzo de reformas de largo aliento sin contar con certeza con los apoyos institucionales y ciudadanos necesarios y espera recurrir regularmente a la opinión pública, debería tener en cuenta que ésta es volátil y difícilmente pueda ser el fundamento de un poder estable. Sin embargo, es posible contar con una presencia ciudadana más permanente, a condición de concebir el espacio público, no ya simplemente como un batallón de reserva al que se requieren apoyos inmediatos y alineamientos, sino como un ámbito deliberativo que regula la vida política y los actores institucionales.

El Gobierno corre el riesgo de hallarse en déficit en este ámbito decisivo. Debería, para ponerse a tono, tener conciencia de que está llamado a exponer su programa de gobierno y su horizonte estratégico suministrando los argumentos públicos, alentando la deliberación sobre ellos y teniendo en cuenta que sus decisiones futuras y su éxito dependerán, al menos en parte, de su capacidad de convencer, pero también de aprender y rectificar en el debate democrático.

Por el momento, el Gobierno ha regresado a la mesa de dibujo. Y la posibilidad de estabilizar su rumbo y el del régimen institucional reside en su disposición a incorporar una dimensión consultiva hasta ahora escasa.

En este contexto se puede poner en perspectiva la reciente minicrisis. Un gobierno debe estar cohesionado y sin duda la autoridad rectora en su seno es el presidente, puesto que en nuestra Constitución él es el depositario unipersonal del Ejecutivo. Pero en el funcionamiento del Gobierno, la consulta es también la condición de decisiones bien sopesadas y de un gabinete no solo leal, sino también capaz de intervenir en el debate público.

Pero para evitar que esta minicrisis se convierta en una gravísima distorsión institucional con consecuencias nefastas a nivel nacional, se requieren no tan solo reprimendas a los transgresores, sino por sobre todo una vida pública activa, una sociedad deliberativa y un poder permeable a su evolución, que haga repercutir en su seno esos debates.

*EMPRESARIO.