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14 de Apr de 2021

Redacción Digital La Estrella

Columnistas

Entre millones se pierde el control previo

Por mucho tiempo hemos insistido en la necesidad de reformas fiscales y no tributarias. Planteamos la necesidad de evaluar el presupuest...

Por mucho tiempo hemos insistido en la necesidad de reformas fiscales y no tributarias. Planteamos la necesidad de evaluar el presupuesto de la Nación, en términos de las prioridades del gasto público, de los necesarios controles fiscales y penalizaciones efectivas contra la evasión fiscal y contra la corrupción en el uso de los recursos de la Nación. Es decir, ante las profundas y preocupantes distorsiones del manejo del presupuesto público se hace obligante realizar una reforma fiscal de carácter integral.

Desde 1989, sin embargo, todos los gobiernos que se han sucedido en el ascenso al poder, han centrado su interés en reformas tributarias (impuestos), so pretexto de la ‘necesidad de aumentar los ingresos del gobierno para asumir los compromisos sociales’, mismos que en la práctica son negados, caso del aumento a los jubilados y pensionados, aumento salarial a los docentes, la no universalización de las ‘becas universales’, la desatención a los pacientes envenenados con dietilenglicol, entre otros.

Cuando se han impuesto estas reformas tributarias, Frenadeso ha presentado ante la Asamblea Nacional nuestra posición sobre el particular, en ella hemos sostenido que ‘Es imperativo, en cualquier reforma fiscal, la existencia de mecanismos rigurosos y eficaces de control y fiscalización de las recaudaciones y las erogaciones que realice el Sector Público a través de todas sus instituciones para evitar la corrupción’ (Ver Posición de Frenadeso frente a las Reformas Tributarias del Gobierno de Ricardo Martinelli, marzo 2010).

Quien prometió criterios de transparencia y combate a la corrupción, desde su arribo a la Presidencia de la República ha impulsado, por el contrario, una política de flexibilidad en el control del presupuesto público. Inició con las excesivas contrataciones directas, continuó con la eliminación de los controles previos a las compras del Tribunal Electoral y del Ministerio de Educación, para hoy excluir de los controles previos al MINSA y al MOP, instituciones que para el 2011 manejarán más de 1730 millones de dólares del Presupuesto Nacional, el cual asciende a los 13,009,299,204.00 balboas. No podemos olvidar las denuncias que se han hecho por los sobrecostos que presentan la construcción de la infraestructura pública (planteles educativos, carreteras, hospitales, etc.), igualmente, las denuncias en el caso de la Autoridad de Turismo de Panamá, que adjudicó un contrato directo por 236000 balboas a una empresa recién creada para promocionar el país vía web, que cuenta entre sus dignatarios a Alberto Molinar, hermano de la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Con esta decisión (Resolución 898—DFG, de 25 de octubre de 2010), la Contraloría renuncia al control previo y opta por ser ‘vigilante’ de los procesos de compra de varios ministerios. Gioconda De Bianchini, contralora de la República, cuya hoja de vida antes de este cargo se circunscribe a ser empleada de confianza de las empresas de Martinelli, y que como contralora se le conoce por las vicisitudes del Censo de Población y Vivienda, pretende hacernos creer que no dejará de fiscalizar, y que se ‘mantendrá vigilante’. El temor del pueblo radica en que esta medida crea un vacío institucional, por el que podrán colarse los terribles vicios de favoritismo y corrupción generalizada. En realidad todo parece caminar a abrir más las puertas para incrementar los canales contra las arcas del Estado y para incrementar la galopante corrupción en el país.

A pesar de estos hechos, Martinelli ha justificado esta decisión argumentando que ‘El control previo o posterior es irrelevante, porque si se tiene funcionarios que son corruptos van a robar antes o después’ o ‘Panamá y Haití son los únicos países que mantienen esa fiscalización previa’, ambos argumentos vacíos, carentes de sustento, lo que demuestra que esta decisión no proviene de la Contraloría, sino que es un propósito de los grupos económicos del actual gobierno, incluyendo a Martinelli, quienes tienen la mira en los 4 mil 977 millones de dólares de los proyectos de inversión pública programados. No cabe duda, ‘entran millonarios y salen billonarios’.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI — FRENADESO.