La industria financiera corre peligro

Ese es el panorama que se avizora si la Asamblea Nacional llegara a aprobar un proyecto de ley que impulsa el Ministerio de Comercio, sin siquiera haberlo llevado a conocimiento del actor principal de la actividad de la industria económica nacional: LAS FINANCIERAS.

Y si bien es cierto que se trata de un negocio, es un negocio legítimo que al mismo tiempo contribuye a solucionar situaciones que en un momento determinado acosan de modo perentorio a muchos panameños y extranjeros, que en esas determinadas situaciones se ven sin recursos para enfrentar urgencias: el fallecimiento de un pariente, los efectos de alguna catástrofe natural, incluso la pérdida de sus empleos, la cobertura de gastos médicos imprevistos, la carga económica educativa, son entre otros los elementos que resultan justificables para atender la oferta económica de estas empresas, que generan una gran cantidad de empleos directos e indirectos.

Adicionalmente, los expertos y economistas, aseguran, con toda razón, que incluso la economía del país sufriría un rudo golpe en virtud de que el empresariado financiero es responsable en gran medida del progreso y desarrollo de Panamá al permitir que los ciudadanos accedan, cuando así lo necesitan, a dinero fresco para mejorar su condición socioeconómica, lo cual aumenta sus posibilidades de sostener una capacidad adquisitiva necesaria para el sostenimiento del comercio y la industria nacional a niveles estables, lo cual por el llamado efecto dominó conduce a aumentar o fortalecer las recaudaciones del Estado y a generar riqueza a todos los niveles.

No comprendemos por qué se está intentando pasar una ley como la que señalamos si es evidente que un área importante de la economía panameña pudiera ser afectada de manera irreversible, provocando el cierre de al menos el 90% de las empresas financieras del país con una secuela de desajustes y afectaciones económicas de pronóstico reservado, pero que al final traerá deterioro y debilitamiento económico de un gran sector del entramado social del país.

Hacemos un llamado al señor ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, quien —como indica su trayectoria— es verdadero amigo del diálogo y la consulta, para que reaccione positivamente y lleve el proyecto a consulta de los principales actores de la actividad financiera y ponderen las bondades y defectos del proyecto y no permitan que desaparezca un área tan importante de la economía nacional.

La aprobación de este anteproyecto, sin el consenso debido entre las agentes que intervienen, generaría una catástrofe económica de pronóstico reservado, con su secuela de desempleo, que deja a miles de ciudadanos a expensas de los agiotistas particulares, quienes acapararán el mercado de los panameños con ingresos medianos y bajos. El peligro estriba en que ellos, realizan la actividad de préstamos cobrando tasas leoninas del 10 y 15% quincenal. Nos queda, pues, hacerle el llamado al MICI, para que llame a las partes para encontrar caminos de avenimiento, que no pongan en peligro la existencia de una actividad comercial, que genera empleo, desarrollo y tributos fiscales, que revierten en obras y soluciones para el resto del país.

Me permito, entonces, invitar —como periodista que soy— al ministro Henríquez para que abra las puertas al diálogo y la consulta, antes de que el país pierda un sector importantísimo de su economía con la puesta en marcha de una ley nefasta para los grupos financieros nacionales.

*PERIODISTA.