Compra de votos

Cuesta entender la aplicación de la Ley Electoral, cuyo fundamento radica en regular la emisión del voto popular en las elecciones nacionales. Por otro lado, el mundo entero parece ignorar la importancia de que, cada cinco años, con el sufragio cambiamos a dos de los tres Órganos que componen el Poder Público y éstos a su vez, transforman con la Ley al Poder Judicial.

A pesar de los más de 3000 años de evolución en estos menesteres, todavía no podemos o queremos contener los Delitos contra la Honradez del Sufragio, que regula el artículo 392 del Código Electoral, que además se condena con la irrisoria prisión de seis meses a tres años, y la suspensión de los derechos ciudadanos en el ejercicio de las funciones públicas a todos los que: ‘1.— Impidan que los ciudadanos ejerzan el derecho al sufragio. 2.— Falsifiquen o alteren cédulas de identidad personal o suplanten la persona a quien le corresponda una cédula, con el propósito de producir fraudes electorales. 3.— Ordenen expedir, expidan, posean, entreguen o hagan circular, cédulas de identidad personal falsas o duplicadas, con el propósito de producir fraudes electorales. 4.— Voten más de una vez en la misma elección. 5.— Compren o soliciten voto por pago o promesa de dinero u objetos materiales para el elector. 6.— Utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos legalmente constituidos o en formación. 7.— Incurran en las prohibiciones contempladas en los numerales 1, 3, 4 y 5 del Artículo 2 de este Código’. ¿Cómo los sabios y los honrados ignoran todo esto?

Sobre lo referido al artículo 2 de este mismo Código Electoral, prohíbe en el aparte uno el cobro o descuento por las autoridades o los empleadores de cuotas o contribuciones para fines políticos ni aunque sea voluntario. ‘3.— Obligar a inscribirse, afiliarse o renunciar a un partido político a cambio de un cargo público o permanecer en él o apoyar cualquier candidatura. 4.— Toda actividad proselitista, propaganda, fijación, colocación o distribución de anuncios o afiches en oficinas o dependencias y edificios públicos; el uso de emblemas, símbolos, distintivos o imágenes de candidatos o partidos, dentro de los edificios públicos. 5.— El uso indebido y no autorizado de los emblemas, símbolos, distintivos, imágenes y similares del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral.’. (Se trata de todo el proceso electoral).

Todas estas reglas resultan ridículas y desproporcionadas al daño público que se ocasiona con la venta del voto. Los primeros seis apartes tratan de circunstancias concomitantes al día de las votaciones. Seguro que estamos desconectados de las funciones de la Fiscalía Electoral, incapaz de contener esa avalancha de actividades ilícitas evidentes el día de las elecciones, aparte del contraste sobre esas desmedidas sanciones, si jugamos con asuntos tan delicados como el que nos ocupa. Este bien jurídico que se protege está ligado con la libertad de pensamiento y de la dignidad de la persona. Nada puede ser peor que la compra de una conciencia cívica, que desmerita el orden social y que cercenan la posibilidad de poner en práctica los conocimientos sobre los derechos y deberes ciudadanos. Esto es una barbaridad inconcebible.

Antes y ese día del ajetreo, sobran los ofrecimientos inmorales a cambio del sufragio. Tenemos unos magníficos delegados electorales, bien intencionados, pero que muy poco pueden hacer ante la oprobiosa compra de votos. Esta clase de delitos es igual o peor que el tráfico y comercio de drogas ilícitas, pero en aquella desigual batalla la Ley Penal permite la introducción de jueces y testigos sin rostros, agentes encubiertos, compra simulada, intervención de comunicaciones, para atajar la insania, en cambio en el proceso electoral dejamos que un minúsculo puñado de inmorales nos roben la voluntad popular. Sin especificar partidos o personas, no son todos los que juegan con nuestra dignidad y que nos marean como expertos sofistas con eso de que ganaron limpiamente. Los únicos que no vieron lo que pasó el cuatro de mayo fueron los funcionarios de la Fiscalía Electoral, que ahora dicen que están investigando en estas últimas elecciones.

Tenemos que crear conciencia y actuar como una sociedad dispuesta a lograr que este país avance con los bien intencionados y los capaces de gobernar en bien de todos. Hay que crear conciencia sobre el enorme problema. Debemos atajar a los corruptos con estrategias procesales para que de una vez por todas se acabe semejante inmoralidad de sujetos que ofrecen dádivas a cambios de su escogencia para ‘gobernar decentemente’.

ABOGADO Y DOCENTE UNIVERSITARIO.