Desastre en educación

Cuando el inicio de un año escolar debe ser de regocijo para el país, el trauma se apodera de la educación y tal como ha sido práctica común, con gravísimas condiciones de las infraestructuras físicas, el proceso educativo profundiza su crisis al no permitir la incursión uniforme de todos los estudiantes a los centros escolares. Es decir, para unos el año escolar principia y para otros tardará en dar inicio.

Lo desafortunado de todo es que es un mal de nunca acabar y peor cuando las altas autoridades hacen denodados esfuerzos por explicar y hasta justificar el estado desastrosos de muchos centros escolares. Ausente está una política administrativa de ordenamiento y de mantenimiento sostenido, pese a existir recursos económicos para tal fin.

Ahora, en una decisión a todas luces impensada y hasta contraria a lo planteado en la Ley 47 Orgánica de Educación de 1946, el Ministerio de Educación (MEDUCA) dispone trasladar responsabilidades a las juntas comunales, para la adecuación de algunos centros escolares.

En primer lugar, guardando las proporciones, pareciera darse —con esta decisión— lo mismo que ocurrió con recursos económicos asignados por diputados a las juntas comunales, lo cual terminó cuestionado y posiblemente recurrido legalmente. En segundo lugar, MEDUCA mueve el centro de interés y pone al director regional de Educación, quien por Ley es a quien corresponde el tratamiento de todo lo relativo a operaciones, mantenimiento e inversiones de escuelas y colegios en un plano subalterno con relación al representante de corregimiento y además hace un tanto igual con la Dirección Regional de Educación y las juntas comunales.

En tercer lugar viola flagrantemente la Ley 47 Orgánica de Educación de 1946 en varios de sus artículos (40 y 42), por cuanto queda claro que es el director regional de Educación, quien tiene la misión de: ‘Construir y darle mantenimiento a la infraestructura escolar’ e ‘Identificar las necesidades de construcción, mantenimiento y reparación de los edificios escolares, así como de adquisición, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo, de acuerdo a la demanda educativa’.

En cuarto lugar, incorpora una vez más el elemento político a la educación, puesto que la figura del representante de corregimiento es eminentemente política, y desde luego, le dará ese contenido a cualquier acción, y mucho más cuando se trata de educación. Al final, terminará reclamando para él el éxito de cualquier gestión. En quinto lugar, si se trata de un ensayo para ir asomando la descentralización, no es sobre la base de la improvisación.

No es correcto que el MEDUCA apueste a elementos foráneos al sistema y no a sus propios elementos, que son los que en verdad conocen su naturaleza y los que a diario conviven con los problemas. Además, es sumamente importante que el Ejecutivo le asigne los recursos económicos a las Direcciones Regionales de Educación, señalados en la Ley como una obligación.

Al final de todo, se afecta la sociedad en su conjunto, si el MEDUCA, frente a problemas como el de los centros escolares en mal estado, pretende resolverlo no en el fondo, sino en la forma, que, a propósito, no es buena.

DOCENTE UNIVERSITARIO