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28 de Feb de 2020

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Genaro López

Columnistas

Se busca acallar la voz de la juventud

A este Gobierno no le interesa controlar la inseguridad ciudadana, la delincuencia que se vive a diario, la corrupción

A este Gobierno no le interesa controlar la inseguridad ciudadana, la delincuencia que se vive a diario, la corrupción, todas sus acciones están dirigidas a penalizar la protesta social, a reprimir al pueblo. El caso de la juventud estudiosa (aguiluchos y universitarios), es una clara manifestación de ello.

El caso de los institutores presos es dramático, se violentó el principio de la presunción de inocencia, pues aquí se aplica caprichosamente la prisión preventiva. Diez jóvenes guardan prisión, tres en la DIJ y siete en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen. Fueron sacados violentamente de sus hogares por policías, alejados de sus seres queridos, sin mediar prueba contundente alguna, tras los lamentables hechos que se dieron en el glorioso Nido de Águilas.

Sin mediar investigación seria sobre los actos de violencia en el Instituto Nacional, que determine quiénes realmente los dirigieron y sus propósitos reales que, como hecho fortuito, casi cobra la vida de un profesor del plantel y de una joven aguilucha, las autoridades de Gobierno han preferido arrestar a estudiantes por el delito (no comprobado) de encapucharse y acusarlos de terroristas, lo que constituye una violación flagrante de los derechos humanos y, en la mayoría de estos casos, de los derechos del menor.

Han transcurrido casi dos meses y los estudiantes, sin existir prueba alguna ni haber sido investigados ni sancionados por ninguna comisión de disciplina del colegio, siguen detenidos. Esta semana fueron llevados a la Fiscalía sin sus abogados, sin mediar comunicación con sus familiares; llevados encadenados cual delincuentes, mientras que a corruptos confesos se les mantiene en libertad. ¿Dónde está el Debido Proceso? Tal como lo hemos manifestado, impera la justicia selectiva.

Como se demostró, los jóvenes están en prisión por decisión del presidente. Su esposa, en un intercambio por las redes sociales con Frenadeso, admitió tener acceso a expedientes fiscales y dice que aprue ba el encarcelamiento de los jóvenes, porque ‘amenazaron de muerte al padre de mis hijos'. En su comunicado, Frenadeso, señala que ‘La primera dama tiene sus sentimientos, y eso debe respetarse. Pero que la pareja presidencial actúe con esa carga sentimental para ensañarse contra jóvenes, no puede aceptarse de ninguna manera. Ellos no son ciudadanos como el resto y la intromisión en los mecanismos de justicia por parte del Ejecutivo es inadmisible e inconstitucional. ¿Qué dice de ello la procuradora Kenia Porcell?'.

Dada la situación de crisis moral y de corrupción que envuelve el sistema penitenciario nacional, estos jóvenes corren el riesgo, en el mejor de los casos, de graduarse como delincuentes, si no padecen primero vejámenes que todos sabemos. Estos jóvenes pueden perder no solo este año escolar, sino el próximo, toda vez que estarían presos, al menos, los nueve meses que duren las investigaciones del Ministerio Público. ¿Quién pagará el daño psicológico y moral que se está causando? ¿Dónde están las autoridades que deben velar por el respeto de los derechos de los jóvenes?

Con esta acción de ensañamiento y campañas contra estudiantes, se pretende ocultar la incompetencia de las autoridades en atender los graves problemas que padece la educación, el estado deplorable en que se encuentran las escuelas públicas, la política sistemática de prohibir el derecho de los estudiantes a organizarse y, en este caso, de proscribir la Asociación Federada del Instituto Nacional (AFIN). Se busca acallar la voz de la juventud rebelde , acuartelar los planteles educativos, convertirlos en prisión y rendirle pleitesía al instituto armado que reprime al pueblo.

La política contra los institutores no es un hecho aislado, se inscribe dentro de una política general de criminalización de la protesta social. Por ello, la represión y detención de estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, puestos a órdenes de la Fiscalía Auxiliar, todos ellos arrestados sin prueba alguna; lo ocurrido en Colón cuando unidades aeronavales se introdujeron dentro del Centro Regional Universitario en medio de las justas protestas estudiantiles.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.