Frente a una demagogia clientelar, una defensa racional de la minería en Panamá

En el debate público sobre la minería en Panamá, es imprescindible separar la demagogia y el populismo de un análisis riguroso, fundamentado en la realidad del país. El reciente artículo titulado: “Clientelismo minero: La doble fractura del extractivismo en Panamá”, representa un ejemplo claro de como la ideología vacía puede distorsionar la comprensión de una actividad vital para el desarrollo nacional.

Primero, es fundamental reconocer que la minería en Panamá no ha sido un capricho ni un privilegio para unos pocos, sino una fuente significativa de empleo de calidad, diversificación económica y aportes fiscales que han beneficiado a toda la sociedad. Es un hecho incontrovertible que la actividad minera ha generado miles y miles de empleos directos e indirectos, formales y bien remunerados, - muchos de ellos técnicos y especializados -, que han contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de familias panameñas en zonas donde las oportunidades laborales han sido limitadas. Estos empleos no solo fueron temporales, como se pretende simplificar, sino que formaron parte de una cadena productiva que impulsó sectores conexos y fortaleció la economía nacional y regional antes de su práctica desaparición hoy día.

Además, la minería ha representado una diversificación económica necesaria para un país que, históricamente, ha dependido excesivamente del Canal y los servicios asociados. La inversión extranjera directa que atrae la minería ha contribuido ingresos fiscales que han financiado servicios públicos esenciales. Unos recursos que no deben ser minimizados ni despreciados bajo argumentos ideológicos, cuando han sido vitales para la salud, la educación y la infraestructura, sectores que, paradójicamente, el artículo precitado señaló como deficitarios.

En cuanto al manejo ambiental, la narrativa que presenta a la minería en el país como una actividad inherentemente destructiva y negligente es falsa. Minera Panamá, S.A. (MPSA), -subsidiaria First Quantum Minerals (FQM)-, ha implementado rigurosos planes de manejo ambiental, incluso luego del cierre de la mina, con inversiones multimillonarias para mitigar impactos y restaurar ecosistemas. Como es bien sabido, esta empresa ha sido objeto de auditorías y supervisiones constantes, y aunque ningún proyecto extractivo está exento de desafíos, la acusación de cientos de violaciones ambientales en diez años debe ser contextualizada y contrastada con los estándares internacionales y las acciones correctivas implementadas. La minería moderna no es la minería del pasado; es una actividad regulada, con tecnologías avanzadas y compromisos claros con la sostenibilidad.

Es importante también abordar la cuestión jurídica y política que ha rodeado al sector en Panamá. La revocación de la concesión minera a MPSA, por parte de la Corte Suprema de Justicia, en un fallo que muchos expertos han considerado más político que legal, representó un precedente preocupante para la seguridad jurídica y la confianza del gran capital en el país. La “cuasi expropiación” de la actividad de una empresa que ha invertido, por años, miles de millones de dólares en el país, no solo afectó la reputación internacional de Panamá, sino que puso en riesgo presentes y futuras inversiones.

El artículo mencionado al principio también recurre a un discurso de “clientelismo”, - para criticar al sector minero nacional – que, si bien es un problema real en muchos ámbitos de la sociedad panameña, no puede ser atribuido exclusiva ni principalmente a la actividad minera y menos a FQM. La acusación de que esta empresa ha repartido “migajas por sumisión”, ignora el hecho de que la responsabilidad social empresarial es una práctica global que busca generar valor compartido con las comunidades. Estas acciones no son dádivas para comprar voluntades, sino inversiones en capital social que contribuyen a la cohesión y al desarrollo local. Descalificar esas iniciativas, como clientelismo, -de la misma forma que desprecia los miles de puestos de trabajo vinculados a la minería-, es un reduccionismo que no aporta al debate.

En cuanto a las alternativas propuestas por la autora del artículo en comento, como el turismo regenerativo, la agroforestería, la economía circular y las energías renovables, no pueden ser presentadas como sustitutos equivalentes a la minería. Plantearlos es fomentar la demagogia desde la superioridad moral típica del pensamiento populista de izquierdas. La minería sí aporta ingresos y empleos a gran escala con impacto directo en la balanza comercial. Por otro lado, la idea de que un “referéndum consultivo” pudiera resolver un tema tan complejo es otra ingenuidad peligrosa. La gestión de una actividad con tanto impacto económico y social supone análisis técnico, y visión de largo plazo, no decisiones simplistas basadas en agendas populistas.

Finalmente, es necesario reivindicar el valor del capitalismo productivo y la inversión extranjera como motores de desarrollo. La minería, como ha sido el caso en Panamá, cuando se gestiona y ejecuta con responsabilidad, es una actividad que puede coexistir con la protección ambiental y el bienestar social. La demonización de esta industria no solo es injusta, sino que puede conducir a la ruina económica y social del país, especialmente en regiones donde las oportunidades han sido siempre escasas. La minería en Panamá, - y la presencia de FQM -, merecen un análisis equilibrado y positivo, no ataques ideológicos llenos de superioridad moral. Defender la minería es defender el empleo digno, la diversificación económica y la soberanía nacional. Es hora de superar la polarización y construir un diálogo informado, e inteligente, que permita a Panamá aprovechar sus recursos naturales para un desarrollo sostenible y justo.

*El autor es excanciller de la República de Panamá