Dáesh: sombra o luz en la política exterior panameña

El 5 de febrero del año en curso, el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela hizo público un comunicado en el cual informó a la comunidad nacional e internacional, que había ‘tomado la decisión de sumarse a los esfuerzos de la comunidad internacional para combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, así como los actos de violencia indiscriminada, derivadas de la intolerancia religiosa, cultural y étnica '; y que la forma de sumarse en tales esfuerzos sería a través de su incorporación la Coalición de países de la comunidad internacional contra el grupo Estado Islámico (EI), para ‘hacerle frente a las amenazas contra la paz y la seguridad internacional impuestas por este grupo ' (sic). Posteriormente, en ocasión de los recientes ataques de Dáesh contra Francia, el presidente panameño reafirmó su decisión de integrarse a la mencionada Coalición.

Tal acontecimiento ha generado un crispado debate nacional respecto a la postura política externa que debe adoptar Panamá en estas circunstancias. Sobre el particular, inicio comentando el impacto del comunicado en el Tratado de Neutralidad. En el mismo, es el artículo II el que más se vincula a la cuestión que enfrentamos, toda vez que Panamá declara allí la Neutralidad del canal, concebida esta como el derecho al ‘tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad '. La cláusula homónima agrega que Panamá reconoce el ejercicio de tal derecho como garantía de que ‘el canal, y consecuentemente el istmo de Panamá, no sean objetivos de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo '.

Es evidente que, aunque la institución de la neutralidad, a la que se alude en el caso panameño, no hace relación a la condición jurídica internacional del país respecto a conflictos armados internacionales, verbigracia, condición de Estado neutral, mientras se desarrolle el conflicto, o de Estado neutralizado, ello es de manera permanente, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, sino a la forma de gestión de una vía acuática de comunicación interoceánica.

Es decir a la garantía de tránsito no discriminatorio al que tienen derecho todos los países del orbe; eso no implica que tal diferencia aconseje a los Gobiernos nacionales a desentenderse del reconocimiento contractual que hace el artículo aludido sobre el peligro de constituirnos en un objetivo de represalia militar. Se entiende entonces que tal enunciado más bien impele a la República de Panamá a la promoción de una Política Exterior que no riña con dicho postulado.

Igualmente, se presume que tampoco es aconsejable que Panamá, que carece de ejército y opera un canal interoceánico a través del cual se garantiza el principio de libre navegación en términos de entera igualdad para todos los Estados del mundo, sea partícipe de organizaciones militares internacionales, caso TIAR o Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.

En virtud de lo expuesto, creo aconsejable que el actual Gobierno, aprovechando la tesitura, en un golpe de timón, refunde las bases de nuestra Política Exterior. Tales nuevos pilares bien podrían asentarse en el Documento conocido como Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad , excerta legal que nace como resultado del consenso alcanzado en su momento por todos los partidos políticos y aprobado por la presidenta Mireya Moscoso, por intermedio de la Resolución de Gabinete No 34 de 21 de junio de 2000, la cual introduce en nuestra Política Exterior el concepto de ‘neutralidad activa ', a objeto de garantizar efectivamente que ‘el istmo de Panamá no será objetivo de represalias en ningún conflicto bélico entre otras naciones del mundo ni se verá involucrado en confrontaciones entre los Estados ni dentro de Estados ' (sic).

De ello se colige que Panamá se mantenga neutral respecto a fenómenos de índole bélica internacional, lo que no la inhibe de pronunciarse (ser ‘activa ') de modo responsable y asertivo en relación a los temas palpitantes de la agenda internacional, incluida la lucha contra el terrorismo.

En conclusión, no está de más recordarle al actual Gobierno que en enero de 2012 nuestro país reactivó el principio de neutralidad activa, como pilar rector de nuestra Política Exterior, mediante el instrumento de adhesión a la Red de Seguridad Humana. Por tanto, de lo que se trata en esta oportunidad, no es más que de invocar el mismo, como demostración palpable de que la intención real es mantener a nuestro país lo más alejado posible de los conflictos que en razón de la causa que sea enfrenta a Estados o grupos insurgentes.

*PROFESOR TITULAR DE RELACIONES INTERNACIONALES - UP.