La Justicia es injusta en Venezuela

Lilian Tintori y Patricia Ceballos, son dos mujeres que viajan a cada rincón del mundo para denunciar la injusticia que viven sus maridos, Leopoldo López y Daniel Ceballos, líderes políticos encarcelados en Venezuela por disentir con el Gobierno. Hay 73 presos políticos en ese país y ambas mujeres llegaron a Washington, hace unas semanas, para denunciar esta realidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justo, en ese foro, los representantes del Gobierno de Maduro afirmaron que en su país hay plena democracia, no hay agresiones contra la prensa ni periodistas detenidos, y acusaron a EE.UU. de ser el mayor violador de los derechos humanos en el mundo.

Lilian y Patricia, no dejaron lugar donde poder predicar por las injusticias y humillaciones que sufren a diario —cuando Lilian, junto a sus dos pequeños hijos, va a visitar a Leopoldo a la cárcel de Ramo Verde, a los tres los desvisten para practicarles una humillante inspección—.

El trato que reciben estos presos, por expresar un punto de vista diferente al del Gobierno solo tiene parangón con las dictaduras que se han vivido en todo el hemisferio. A Leopoldo López lo rociaron con orina y excrementos humanos, y le cortaron el agua de su celda para que no pudiera asearse. Incluso es sometido en la cárcel militar a castigos disciplinarios sin procedimientos previos.

Los juicios de Leopoldo López y Daniel Ceballos, son ejercicios de lo que jamás debe ocurrir. Según el abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, son procesos que rompen toda la estructura de legalidad: no son públicos, no se garantiza su publicidad, y no hay prensa ni personas que puedan observarlos.

En Venezuela, el Gobierno se ha apoderado del Tribunal Supremo, desconoce el debido proceso, y usa la justicia como aparato de represión. Cuando el abogado de López le visita en prisión, lo desvisten y, también, le revisan sus escritos de defensa, antes que pueda presentarlos al Tribunal.

López fue condenado por sus críticas al Gobierno en un juicio en el que ni siquiera pudo presentar sus pruebas de descargo, salvo a través de la interpretación de las mismas que realizaron los fiscales. No fue condenado por terrorismo, sino, según la sentencia, por instigar a la violencia, a través de sus declaraciones, donde afirmaba que el Gobierno de Maduro no era democrático y que más bien era represivo, ineficiente, corrupto, y con presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue sentenciado a casi 14 años de cárcel, por ejercer su derecho a expresarse. En Venezuela quien critica al Gobierno, acaba en la cárcel.

El fiscal Nieves, que actuó en el juicio a Leopoldo López como titular de la Fiscalía 41, ha huido de Venezuela y ha publicado un vídeo en YouTube en el que cuenta que todo fue falso, y habla de las presiones a que fue sometido por el Gobierno de Maduro para lograr la condena. Esto es una prueba tangible de la manipulación que vive la Justicia, a manos del Gobierno bolivariano, y sirve como base de un foro internacional que se está gestando, para denunciar la situación de los presos políticos en Venezuela.

*JULIO E. MUÑOZ ES PROFESOR VISITANTE EN LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL COLLEGE OF LAW DE AMERICAN UNIVERSITY, EN WASHINGTON, DC.