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16 de Oct de 2019

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Genaro López

Columnistas

Urge moralidad política

Lo acontecido en los últimos días nuevamente pone al desnudo el estado de la podredumbre que impera

Desde hace tiempo Frenadeso señaló que este país estaba dominado por una mafiocracia insertada en las esferas de poder económico (empresarios y banqueros) y político (Gobierno y oposición), los cuales a partir del Estado y de negocios fraudulentos incrementan sus exorbitantes ganancias. Ello lo hacen en la más completa impunidad, garantizada por pactos entre los grupos de poder económico y político, so pretexto de la gobernabilidad. Lo acontecido en los últimos días nuevamente pone al desnudo el estado de la podredumbre que impera.

A pesar de que Varela durante su campaña electoral prometió que terminaría con la corrupción, los negociados, sobrecostos, contratos y licitaciones en conflictos de intereses, la situación se mantiene. En estos momentos está en cuestionamiento el contrato de alquiler del MEF, firmado con la sociedad Inversiones Torre Eiffel/inmueble PH Republic (según medios de comunicación social oficinas propiedad de los Morgan, para quienes el Ministro ejerció funciones), por el cual se pagarán casi 3.5 millones de dólares en dos años. La población cuestiona el hecho de que, a pesar de existir edificios públicos disponibles, los Gobiernos prefieran pasar millones de dólares a manos privadas con el alquiler de edificios. ¿Otra forma de negociados?

Por otro lado, tal como advirtió Frenadeso, tecnicismos legales dejarán a corruptos y corruptores fuera de las rejas. Tal es el caso de nulidad parcial del expediente sobre los radares a la empresa Selex, filial del conglomerado italiano Finmeccanica y el cambió de las medidas cautelares contra José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, a quienes se les privilegia con país por cárcel.

Y es que quienes se constituyeron en represores, autores de las masacres de Changuinola, San Félix, Colón no han sido llamados a la justicia. Se ha declarado inconstitucional la Ley Carcelazo de Mulino, que rechazó el pueblo en las calles y por la cual hubo cientos de detenidos y decenas de heridos, la mayoría obreros del Suntracs. Ley demandada por Frenadeso, impuesta por Martinelli con los votos de los diputados panameñistas de la época.

En el plano político electoral, las reformas electorales no constituyen garantía de democracia, por el contrario, tal como denuncia el FAD, en algunos aspectos constituye un retroceso. Para la partidocracia se trata del reparto del financiamiento público, para los dueños de los medios de comunicación social se trata de uno de sus principales negocios, ‘publicidad electoral'. ¿Cómo se les ocurrió tomar como base para distribuir financiamiento público resultados de elecciones del 2014?, las cuales estuvieron cargadas de denuncias por el uso de los recursos del PAN (420 millones de dólares) entregados a diputados de todos los partidos tradicionales, los cuales pasan agachados ante el pacto de no agresión con los magistrados de la CSJ, el cual los mantiene en absoluta impunidad.

Ahora, con todo el cinismo, los diputados planean aumentarse los salarios y amenazan las redes sociales, instrumento de información ante el cerco informativo de los dueños de los medios de comunicación social.

En medio de esta podredumbre, las amenazas al pueblo trabajador se acentúan. Traslado de los fondos del Programa de Enfermedad y Maternidad de la CSS al MINSA para su colocación en manos privadas, vía APP; imposición de nuevas medidas paramétricas para las pensiones (aumento de edad, densidad, cuotas, cotización y reducción de las pensiones y jubilaciones); privatización del agua (ya se denuncia que la concesión del lago Bayano tiene dueño); pretensión de reformar el Código de Trabajo para flexibilizarlo más a favor de la patronal; oleada de despidos, tanto en la esfera privada como en pública. Para rematar, en medio de una alerta sanitaria, la empresa responsable de recoger la basura en Arraiján no lo hace, mientras autoridades mantienen una posición timorata, generando un estado de indefensión de la población. Este el destino de los servicios que se privatizan.

Hoy, urge moralidad política que barra toda esta podredumbre y esta miseria humana que corroen a todos los órganos del Estado. Nace para ello una Esperanza: el Frente Amplio por la Democracia (FAD), fuerza realmente independiente, democrática, pluralista, patriótica y popular, que, a pesar de todos los obstáculos de un Código Electoral antidemocrático, con pasos firmes ha iniciado su proceso de reinscripción al nivel nacional.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.