¿Cómo salimos de la crisis institucional?

¿Pueden la estructura política del Estado panameño y el sistema económico, tal como los conocemos, sustentar una sociedad cada vez más numerosa y exigente? Para ninguno es desconocido que la concentración económica excesiva y la desigualdad en la distribución de la riqueza que existen en Panamá, definen los principios más básicos y elementales de equidad, autoestima y dignidad de los panameños, y que así mismo, se proyectan en nuestra valoración, actitud y resultados que enmarcan las condiciones sociales relacionadas al trabajo, la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, el transporte, la seguridad ciudadana, el respeto por el medio ambiente, etc. en este país.

Pero el juego está próximo a trancarse. No nos llamemos a engaños, la mayoría de los políticos, de uno u otro bando, tiene muy claros sus objetivos: (1) perpetuarse; (2) beneficiarse; (3) aparentar que están preocupados y actuando por el bien del pueblo; (4) evitar cualquier cambio que afecte los puntos anteriores. Así las cosas, muchos participantes en la sociedad civil y quienes aspiramos a un orden político democrático participativo y un modelo socioeconómico más justo para todos, reconocemos que participar de esta charada es correrle el gusto a esos políticos, con el riesgo de que entre más contacto con los mismos, o se termina actuando como ellos y encontrando razones para defender y perpetuar el sistema, o se pasa a un estado de decepción y frustración que solo nos lleva al silencio, al rechazo o al olvido.

Entonces, ¿cómo exigir los cambios que necesitamos, en el momento en que los necesitamos, sin patear la mesa? ¿Cómo evitar que nos sigan fabricando dirigentes políticos a través de millonarias campañas publicitarias y estemos obligados a escoger de un costoso menú, gobernantes incapaces, vendedores de esperanza, cada vez más mediocres e imperfectos, y lo que es peor, a precios altísimos que pagamos nosotros los votantes? Ese es el verdadero reto.

Los panameños estamos cada día más lejos de una solución a la crisis de valores que nos afecta. La falta de institucionalidad, aunada a la ausencia de autoridad que haga cumplir las leyes están erosionando casi que de manera irreparable la confianza, la representatividad y la legitimidad de los diferentes elementos y actores políticos, económicos y sociales, afectando con ello las conductas cívicas, individuales y grupales, y la posibilidad de buscar soluciones consensuadas, requisitos básicos para construir una sociedad.

De allí surge el estado de corrupción que nos carcome, donde el juegavivo, el ‘arréglate como puedas'. El ‘que roben si hacen' y el ‘¿qué hay pa' mí?' se han entronizado a todos los niveles, particularmente en las clases populares y los jóvenes, ante la falta de modelos, conductas y buenos ejemplos de quienes rigen las instancias políticas y económicas del país. Y es que dentro de una sociedad donde la amistad y el compadrazgo son tan comunes como el agua, es natural que la complicidad surja casi que de manera espontánea. Si a esto le añadimos la falta de autoridad, la connivencia, la impunidad rampante y la confusión ciudadana de no saber cómo actuar frente a los desmanes de la asociación para delinquir entre el dinero y la política, con lo público y lo privado, el problema es mucho mayor.

Tal vez si nos concentráramos en la institucionalidad, primero reforzando la estructura que permite al Estado ejercer sus funciones, y en paralelo definiendo los requisitos éticos y de conocimiento que deben tener los funcionarios, incluyendo su responsabilidad por ‘no hacer' o por ‘malas prácticas', tendríamos una oportunidad de recuperar esa confianza de los ciudadanos en el sistema. Esto requiere una reingeniería de la estructura organizacional actual del Estado, que en muchos casos data de los 70, con el fin de alinear la gestión pública con la visión de país y los medios necesarios para lograr los objetivos y las metas de país.

Si hiciéramos esto, tendríamos la oportunidad de entender el rol de las instituciones, definir el alcance, la autoridad y la responsabilidad de cada instancia de Gobierno y elevar el nivel de capacidad de gestión en las mismas. Con ello tal vez pudiéramos, como ejemplos, comenzar a recoger la basura antes de hablar de reciclaje; pasar la administración del Parque Omar al Municipio antes de invertir millones en un sitio que tiene vocación barrial; velar por el bienestar de las comunidades todo el año y prescindir con ello de que los policías repartan en Navidad comida a las clases necesitadas; mantener de manera permanente las calles de la ciudad para impedir que la ciudad se paralice por obras una vez al año; supervisar la Caja de Seguro Social para no tener varios años sin información actuarial y estados financieros que no permiten conocer la salud financiera de la entidad; abrir el sistema electoral para facilitar la participación en política, poner topes al financiamiento privado e instituir la declaración de todas las contribuciones de campaña; incentivar la producción nacional de alimentos y evitar las importaciones anuales que benefician a unos pocos y mantienen en quiebra el agro; entender la importancia de desarrollar nuestra posición geográfica y mejorar nuestra competitividad, sin que una empresa, desde una concesión del Estado, pretenda monopolizar la actividad portuaria en el pacífico panameño en perjuicio del país.

Debemos lograr que los elementos que conforman el sistema económico, es decir, el dinero, el poder, las fuerzas del mercado y el interés privado, ocupen en nuestra sociedad el sitio que les corresponde, asegurando que no tengan prevalencia sobre lo público, lo estatal y lo social. Ese balance lo hemos perdido en democracia y con ello, es de entender que la corrupción haya surgido con una fuerza apabullante, donde el clientelismo se ha convertido en moneda de curso, al quedar el Estado en una posición débil, sin capacidad para normar, regular y facilitar las actividades privadas en beneficio de la sociedad y los panameños.

INGENIERO