De criminalistas y crímenes pedagógicos (II)

La justicia y la educación son dos pilares sensitivos de nuestra sociedad que paralelamente agonizan con vehemencia a todos los niveles. Al extremo que desde la Educación superior estatal se evidencia esta realidad, a través de crímenes pedagógicos.

El criminalista, docente y coordinador de la carrera establece como actividad de aprendizaje realizar en grupos un video sobre el procesamiento de la escena de un crimen. La asignación deja margen para el ensayo y error ante la ausencia de la experiencia previa real ni tan siquiera por medios audiovisuales. Es indiscutible que la evaluación docente, en primera instancia, debe ir encaminada a resaltar fallas para andamiar el aprendizaje significativo sobre cómo procesar con pericia la escena del crimen. Incongruentemente, tres únicos criterios de evaluación (participación, creatividad, trabajo) son establecidos.

Llegada la presentación del trabajo grupal (video), un primer grupo voluntario enfrenta como respuesta ante sus desatinos: reprimendas, ataques, planteamientos irónicos y mofantes por parte del docente. Finalmente, la calificación deficiente no se hace esperar. Alguien (un estudiante) interpone queja formal, por escrito, ante la administración regional y solicita a la Vicerrectoría Académica que una comisión revise y evalúe con objetividad todos los vídeos presentados. Administrativamente, hubo caso omiso.

La represalia docente indiscriminada contra el grupo, fue casi inmediata (confusa prueba escrita estructurada). Al parecer, la actividad representaba la mitad del examen. La situación se sale de control, el resto del grupo vio afectados sus intereses. Seguidamente, las agresiones verbales y abalanzamiento físico contra el estudiante querellante, no se hacen esperar. ¡El crimen se ha perpetrado, los indicios desnudan al criminal!

La evaluación de los aprendizajes ha quedado severamente reducida a la simple calificación como impulso contundente y diáfano del docente, como desquite. La docencia pública superior precisa de individuos próvidos, que la perciban como un servicio social de compromiso serio con la intelectualidad del pueblo panameño. Jamás puede ni debe ser entendida como la manera de ganarse horas o dólares extras a través de posturas lesseferistas, indiferentes y amparadas en la ley del menor esfuerzo. Mucho menos, en calidad de servidor público.

El crimen y la inseguridad nos acaparan, la mediocridad embelesa a nuestra juventud y los polos hegemónicos del orbe inyectan, sutilmente, el germen de la segregación y disgregación socioeconómica, anulando nuestro pensamiento crítico y vendiéndonos, a través de sus concepciones neoliberales, disfrazadas posturas memorísticas de aprendizaje (Pruebas PISA) como ‘Educación de Calidad'.

El ilusionismo momentáneo que garantiza el cargo de rectores y directores de sedes y regionales, amordaza el ideal de justicia social que tarde o temprano todos sufriremos. Hay que deponer politiquerías, amiguismo, juegavivo y clientelismos, para colmar al pueblo de esa nata intelectual que reivindique nuestros sistemas de Justicia, Educación y Seguridad social.

Parece que vivimos en una sociedad donde en nombre de la justicia, se pisotean todos los niveles, las leyes universales de la decencia, los derechos humanos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Todo ello en detrimento de una educación liberadora que sea apuesta a la ética y a la estética.

DOCENTE