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27 de Nov de 2020

Ramón Santos Martínez

Columnistas

La verdad detrás de las imágenes

‘[...] el derecho de todos no puede dejarse avasallar por la voluntad de un grupo, por numeroso que este sea'

Una imagen vale más que mil palabras, ya se sabe, pero para entender de verdad lo que está sucediendo en Cataluña y en España, hacen falta mil palabras y más. El referéndum por la independencia de Cataluña se declaró ilegal por ir directamente contra la Constitución española. Así había sido proclamado repetidas veces por el Tribunal Constitucional, que fue anulando los actos que el Gobierno y el Parlamento de Cataluña iban adoptando para conducir a esa comunidad autónoma a la independencia. El cumplimiento de la ley quedó en manos de la policía, que cumplió con su deber, obedeciendo órdenes judiciales dentro de la institucionalidad de un Estado de derecho en un país soberano.

Además de ser anticonstitucional, el camino que el Gobierno de Cataluña emprendió para alcanzar la independencia ha estado plagado de irregularidades e ilegalidades en relación con su propio ordenamiento. El Parlamento catalán aprobó los pasados 6 y 7 de septiembre las leyes de referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica y fundacional de la República de Cataluña, ignorando abiertamente las normas de procedimiento del propio Parlamento de Cataluña y el criterio de sus órganos de asesoramiento.

Nadie está siendo perseguido en España por ser independentista. Ser independentista no es ningún delito, es una opción política. Pero, como todas las demás, debe respetar el marco constitucional y legal que nos hemos dado los españoles, porque no hay democracia posible violando la ley.

¿En qué momento deben intervenir los jueces y fiscales y su brazo ejecutor, los cuerpos y fuerzas de seguridad, para hacer respetar la ley en un Estado de derecho? Si un Estado de derecho, sometido al imperio de la ley, tiene su rotunda manifestación en que en él gobiernan las leyes y no los hombres, ¿hasta dónde hay que permitir que avance un delito contra el Estado, disfrazado de legitimidad popular y democrática, antes de tomar la decisión de intervenir?

A la pregunta anterior reaccionan los defensores de supuestas esencias democráticas asegurando que votar no es un delito, sino la más alta expresión de la democracia. Pero si depositar una papeleta en una urna ciertamente no es un delito, organizar una votación sí puede serlo si esa votación ampara un delito. Sustraer la soberanía nacional al conjunto de los ciudadanos, escindir una parte del territorio de un país por la sola voluntad de los que habitan ese territorio, es un delito en España y en prácticamente todas las constituciones del mundo. Los delitos de sedición y rebelión, que constituyen el tipo penal donde podrían encajar estas conductas, no están solo en el Código Penal español, están en los códigos penales de todos los países democráticos. Hasta ahora, el juez español no ha aplicado esos tipos y ha preferido calificar las conductas ilegales como delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, haciendo sin duda una interpretación de la norma en su contexto social, poniendo de manifiesto un cuidado y prudencia exquisitos en su aplicación.

Actuar como lo están haciendo las autoridades de Cataluña, conduciendo a España a la quiebra de la soberanía nacional, a una crisis de Estado sin precedentes, ante lo cual ni los españoles que son los depositarios de la soberanía ni el Estado que tiene la obligación de hacer cumplir la ley, pueden permanecer silentes, causará infinitamente más sufrimiento y mayor ruptura del equilibrio social que el que provoca un delito común, ante el cual nadie duda que es preciso, a través de la justicia, restablecer el orden social violentado.

Las imágenes tienen una fuerza enorme, pero el derecho de todos no puede dejarse avasallar por la voluntad de un grupo, por numeroso que este sea.

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PANAMÁ.