Sobre la crisis de institucionalidad

Hay sectores políticos en el país que expresan justificada preocupación por la crisis institucional que amenaza el normal desenvolvimiento de la administración pública. Algunos expresan que hay similitud entre la situación actual y la vivida en 1968, cuando los militares se tomaron el poder dizque para reorientar la vida nacional, pero el remedio resultó peor que la enfermedad: 21 años de dictadura hasta desembocar en una intervención extranjera. La realidad es que el último Gobierno democrático (1964-1968) había tenido su origen en un fraude electoral cuyo escrutinio duró semanas en un Tribunal Electoral cercado por unidades de una Guardia Nacional que estaba convertida en árbitro de procesos electorales.

Bajo aquel Gobierno, cuyo presidente fue objeto de un juicio frustrado en la Asamblea Nacional, las elecciones presidenciales de 1968 fueron desastrosas: el apoyo gubernamental a la candidatura oficial asumió proporciones alarmantes, la persecución a la disidencia era implacable, las programaciones radiales un tinglado cotidiano y la utilización de recursos estatales al servicio del oficialismo visibles a toda hora.

El día electoral, la compra de votos se hacía de manera descarada y pública, la retención de cédulas a opositores también, mientras la población campesina e indígena era intimidada y obligada a votar por el candidato favorito de los militares y de civiles que coordinaban aquellos grupos de presión. Hubo un letrado que le acuñaron el mote de ‘Capitán Chichica', porque con el apoyo de los gendarmes fue quien dirigió la operación de torcer el brazo a los indígenas en la población de Chichica, entonces jurisdicción de Tolé.

El Tribunal Electoral, manipulado por la mafia oligárquica en el poder, había dispuesto que la papeleta de votación se entregara fuera del recinto, porque, para ellos, resultaba más fácil desviar la intención de voto. Los centros políticos de la entonces disidencia habían sido desmantelados y consumidos por las llamas, sin derecho a reclamos. La oposición era arrinconada por los militares y por los civiles desde las células básicas del país.

Pasado el día electoral (mayo de 1968) aumentó la incertidumbre, ya que la Junta de Escrutinio, también manipulada por los gobernantes, demoraría, tal como ocurrió, semanas ‘escrutando' y la población esperando resultados. Pese a todo, la Unión Nacional de Oposición, logró el triunfo y encabezó luego un Gobierno que los militares derrocaron a los 11 días de haber ascendido al poder.

Ese era el Panamá de aquel momento, torcido como la conducta de sus gobernantes. La situación de hoy no es igual, ya que, a partir de la caída del dictador y el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensa, el país ha cambiado en varios aspectos. La Policía Nacional ha venido cumpliendo un papel profesional sin meter la mano donde no debe, en materia electoral; tenemos un Tribunal Electoral que, aunque con el pecado de contar con representantes de partidos políticos, en vez de magistrados totalmente independientes, ha dirigido cinco procesos electorales prístinos, honestos y cristalinos, dejándonos saber el mismísimo día de las elecciones quién ha sido el legítimo ganador en la contienda. Contamos con absoluta libertad de expresión, y aunque ha habido mandatarios que han demandado a periodistas por supuestas calumnias e injurias, luego han sido perdonados por los mismos demandantes.

Tenemos libertad de expresión, pero, además, prensa libre, prensa sesgada y prensa opositora a toda pluma, espacios radiales donde todos decimos lo que nos venga en ganas; televisión para todos los gustos y, como añadidura, las redes sociales que acogen nuestros sentimientos y pensamientos no importa el tono.

En este sentido, hemos avanzado y distamos mucho de las circunstancias políticas vividas y sufridas por los panameños en el período 1964-1968. Gozamos de una libertad que nos permite fiscalizar la tarea del Gobierno y lograr correctivos en algunos aspectos, gracias a la influencia de los medios de comunicación serios y a una gran fracción de la población que ha aprendido la lección. Los problemas por los que atraviesa el país en la actualidad son una consecuencia de varios factores, especialmente de un marco constitucional hecho a imagen y semejanza de quienes lo articularon en su momento, para el blindaje.

Hemos heredado un presidencialismo exagerado y con abierta injerencia en la designación de funcionarios de alto nivel para convertirlos en subalternos del gobernante. La impunidad, en consecuencia, ha alcanzado su mayor peldaño en esa espiral de corrupción, en la que el chantaje, la justicia selectiva, la dilapidación de los recursos del Estado y otros vicios asumen sitiales de vergüenza.

El resultado, una clase política envuelta en escándalos y con viscerales anhelos de poder, para seguir con la misma carta política y las mismas prácticas desde las altas esferas. El comportamiento de los miembros de la Asamblea Nacional, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y del Ejecutivo, son prueba fehaciente del grado de corrosión al que han llevado al país. Pero ningún aspirante a la Presidencia ha planteado la necesidad de una constituyente para refundar la República y disminuir la odiosa corrupción. Todos buscan el poder para satisfacer sus particulares intereses y el país a segundo y tercer plano.

No tenemos el panorama de 1968, tampoco el de 1989, pero sí estamos al borde del barranco por la putrefacción de un sistema que ha colapsado por las razones antes expuestas.

DOCENTE Y POLÍTICO.