Poniendo el ratón a cuidar el queso

Acabamos de leer y analizar un artículo de Alex Kotch del International Business Times sobre el abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, que otorgó una exención de las reglas de conflicto de interés para permitir a Kailee Tkacz, una antigua cabildera de la Snack Food Association y, más recientemente, directora de la Corn Refiners Association, asesorar al USDA sobre las próximas directrices dietéticas para el año 2020.

Recordemos que la Corn Refiners Association representa a los productores de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, el endulzante favorito utilizado en todas las bebidas azucaradas en el mundo. McGahn explicó que esta exención le permitiría a la Sra. Tkacz asesorar al secretario de Agricultura y otros altos funcionarios del Departamento con respecto al proceso de las Guías Alimentarias. ‘Es de interés público otorgar esta exención limitada debido a la experiencia de la Sra. Tkacz en el proceso de preparar las Pautas Dietéticas, las cuales se publican cada cinco años'. Las pautas dietéticas históricamente han emitido recomendaciones para consumir menos sal y azúcar. Los enlatados son las principales fuentes de sal en las dietas y las sodas endulzadas con JMAF son las principales fuentes de azúcares.

Desde ya nos arriesgamos hacer la apuesta sobre lo que dirán las pautas en el 2020 con respecto a la sal y el azúcar: una suposición descabellada que la ciencia no está lo suficientemente firme como para sugerir que comamos menos de ninguna de ellas. Con lo cual resulta ridículo, por decir lo menos, la influencia cada vez mayor de la industria alimentaria en las políticas de salud de los Gobiernos. Y como muestra, analicemos lo que tiene el informe del Foro de Salud del Reino Unido (https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/ukhf-casebook-jan18.pdf), un compendio de estudios de casos presentados durante el Taller ‘Mejorando la gobernanza para una mejor salud: Fortalecimiento de la interacción entre las asociaciones dietéticas y nutricionales para la prevención de enfermedades crónicas', celebrado en Italia por la Fundación Rockefeller en octubre de 2015.

Sin duda, el informe refleja la influencia de la industria alimentaria en las políticas de salud en países en desarrollo como México, Chile, Brasil y Guatemala. En Chile, el Foro examinó la relación de larga data entre la industria de alimentos y el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, la institución más prestigiosa relacionada con la alimentación y la nutrición en el país. Los tipos de colaboración incluyen: investigación financiada por la industria; becas y premios; membresía de fundaciones financiadas por la industria o vinculadas; otorgamiento de certificación específica de nutrientes de alimentos que son altos en calorías, azúcar, grasas saturadas o sal; programas conjuntos de salud pública; comercialización en publicaciones institucionales y sitios web.

INTA juega un papel importante en la formulación de políticas alimentarias en Chile, y la mera existencia de fuertes lazos financieros con la industria de alimentos y bebidas representa un conflicto de intereses, que puede comprometer su independencia en áreas relevantes de investigación y política. Esto, por ejemplo, complica los esfuerzos del Gobierno chileno para aumentar los impuestos sobre bebidas azucaradas y pone en evidencia el cabildeo de la industria contra las medidas y esfuerzos de los actores de la sociedad civil para apoyar el proceso.

Igualmente, el Foro describe que en México se desarrolló una propuesta para introducir el etiquetado nutricional frontal como parte de una estrategia nacional contra la obesidad y que los intereses de la industria alimentaria confrontaron con los propósitos de funcionarios, miembros de la sociedad y expertos académicos. También en Guatemala, el Foro muestra sobre los méritos de un proyecto para diseñar un sistema de etiquetado para resaltar los riesgos para la salud de las bebidas azucaradas y cómo una empresa privada que había trabajado con alimentos y empresas de bebidas, termina encargada de diseñar la etiqueta.

Aunque estos casos difieren en su ubicación geográfica, contextos e historias sociopolíticas, podemos identificar lecciones comunes a partir de sus experiencias. Aunque el Foro no hace referencias directas a Panamá, es evidente que la industria también ejerce presión en nuestro engranaje gubernamental. Es sospechosamente interesante la renuencia del Ejecutivo de no firmar el decreto del Ministerio de Salud sobre alimentos malsanos. En definitiva, las interacciones entre el sector comercial y público son necesarias, pero a menudo carecen de transparencia y dejan entrever en la mayoría de las veces que los objetivos de unos no necesariamente conjugan con los intereses de otros, algo inaceptable cuando sabemos que el derecho a la salud está por encima de cualquier prerrogativa comercial.

EL AUTOR ES EMPRESARIO, CONSULTOR EN NUTRICIÓN Y ASESOR DE SALUD PÚBLICA.