La fiebre en la manta

Hay una campaña en redes sociales contra la reelección de los diputados, que está muy relacionada con la que exige a los asambleístas a que publiquen sus planillas. El desfalco sistemático que ha sido destapado desde que los diputados de oposición rechazaran las designaciones de magistradas hechas por el Ejecutivo, es de horrores y hace más que entendible el rechazo de la población hacia la Asamblea Nacional y quienes la conforman. Sin embargo, me preocupa en particular la campaña contra la reelección de estos porque sostengo que es un clásico caso de tratar el síntoma y no la causa de la enfermedad.

Las cada vez más ignominiosas revelaciones que siguen haciéndose públicas, presentan un panorama en que diputados han utilizado planillas para, por un lado, crear esquemas de pagos a supuestos consultores o promotores que, al menos en muchos casos, no eran más que unos testaferros cuyo propósito era que cobraran el cheque y entregaran el dinero al diputado, quedándose seguramente con alguna comisión, o en el mejor de los casos crear posiciones con un burdo afán clientelista, pagándoles jugosos salarios sin una función clara y sin un servicio real brindado al Estado. Esto es un esquema sórdido no solo de peculado, sino que implica además blanqueo de capitales. El atraco es burdo y la población tiene plena justificación para exigir rendición de cuentas a los diputados.

Sin embargo, es tanto más importante identificar la causa del problema para evitar que estos desfalcos sistemáticos continúen. Y allí es donde veo con preocupación la campaña contra la reelección de los diputados, porque esta enfoca el problema en las personas. Pero no es un problema de personas, sino de instituciones e incentivos. Retrocedamos la cinta y recordemos que la planilla 080 contemplaba B/4,000 para cada diputado, pero fue aumentada a B/30,000 mensuales en el año 2015, es decir, en el actual período de gobierno (2015 fue el primer presupuesto aprobado por este gobierno). La partida para dicha planilla fue aprobada por el Consejo de Gabinete y hace poco en redes sociales circulaba un video de una intervención en el pleno de un diputado oficialista muy allegado al presidente, en que el diputado en cuestión afirmaba que fue gracias al gobierno actual, en clara referencia al Ejecutivo, que se dio dicho aumento. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué motivó al Ejecutivo a proponer ese aumento de B/4,000 a B/30,000 para cada diputado, tan solo en la planilla 080?

No se requiere tener demasiadas dotes detectivescas para entender que el propósito de ese aumento descabellado era el de comprar votos de los diputados. Recordemos que de 71 curules, el oficialismo solo cuenta con 17 (16 del Partido Panameñista y uno del Partido Popular). Fue una burda maniobra de compra de votos con plata de los contribuyentes. Es como dar las llaves del gallinero a los zorros y luego actuar sorprendido al regresar y ver que estos se comieron todas las gallinas. Es el excesivo poder del Ejecutivo en nuestro sistema constitucional lo que le da la facilidad para usar la billetera estatal con fines clientelistas y de peronismo político.

Entonces, ¿cuál es la solución? Quisiera decirle que tengo la receta precisa para curar el mal descrito, pero no la tengo. Sin embargo, hay algunos puntos claves que debe tener cualquier reforma constitucional que pretenda atacar este problema. Uno es el excesivo centralismo de nuestro sistema político. Tenemos una descentralización de nombre y de muy poca sustancia. El Ejecutivo tiene el extraordinario poder que tiene, porque esperamos del gobierno central la solución a todos nuestros problemas, incluyendo problemas que son eminentemente locales. Muchas funciones de los ministerios pueden ser ejecutadas de modo más eficaz por los gobiernos locales.

Otro es el poder que tiene actualmente el Ejecutivo para determinar los presupuestos de los demás órganos del estado, incluyendo el Judicial. Quien controla la billetera controla muchas cosas, por más que formalmente se pretenda otra cosa.

Mientras el presidente siga teniendo el poder concentrado que tiene, la Asamblea Nacional continuará siendo un órgano disfuncional, sin importar quiénes se postulen a diputados. He allí donde está realmente la causa de la sistemática corrupción que sufre este país. Los sistemas políticos funcionales son los que se construyen asumiendo que los gobernantes no son ángeles. Mientras sigamos pensando que es un asunto de personas, lamentablemente nos seguiremos equivocando.

ABOGADO