Puritanismo, prostitución y políticas públicas

Hace unos días compartí en Twitter noticia sobre un estudio que concluye que mientras más se criminaliza la prostitución, se genera más violencia contra trabajadoras sexuales y más contagios de enfermedades de transmisión sexual. Los hallazgos no son realmente novedosos, pues la literatura científica abunda sobre esto. Los efectos nocivos de la intervención para combatir prostitución son parte de lo que se conoce como la «Economía de la Prohibición».

El estudio en cuestión, titulado «Asociaciones entre leyes de trabajo sexual y la salud de trabajadores sexuales: revisión sistemática y meta análisis de estudios cuantitativos y cualitativos» (‘Associations between sex work laws and sex workers health: A systematic review and meta-analysis of quantitative and qualitative studies', PLOS Medicine, December 2018), analiza no solo prohibiciones formales de la prostitución, sino también prácticas represivas de la policía para con trabajadores sexuales y/o sus clientes. Entre las conclusiones están que a mayor represión policial de la prostitución hay: i) mayor riesgo de violencia sexual y física contra las trabajadoras sexuales, ya sea por parte de sus clientes o de terceros (i. e. proxenetas), ii) mayor probabilidad de relaciones sexuales sin condón y por tanto, mayor contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

La represión policial contra las trabajadoras sexuales puede ser abierta o solapada. En Panamá, por ejemplo, la prostitución no está prohibida. Sin embargo, las trabajadoras sexuales callejeras son acosadas regularmente por algunos agentes de policía de múltiples maneras. Por ejemplo, a las que son extranjeras las amenazan con llevarlas ante el Servicio Nacional de Migración. A las que son panameñas las extorsionan también con la amenaza implícita de llevarlas ante juez de paz para ser sancionadas con alguna de esas normas arcaicas, ambiguas y por tanto perfectas para el abuso de poder, que abundan en el Código Administrativo, como las que prohíben la vagabundería y los actos libidinosos en la vía pública. A cambio de dejar de molestarlas, les cobran coima, ya sea en dinero o especie.

Todas estas manifestaciones represivas contra la prostitución, aunque no constituyan una prohibición legal de dicha actividad, generan los efectos mencionados (e. g. mayor violencia sexual y física y mayor contagio de ETS). La amenaza de represión y el hostigamiento policial incentiva a las trabajadoras sexuales a ejercer sus actividades de modos y en sitios en que sea menos probable que las acosen los policías. Esto, a su vez, genera inseguridad para ellas. Las aísla de redes de apoyo recíproco que les proveen de oportunidades para reducir riesgos. La evidencia científica también apunta que cuando se despenaliza la prostitución y se deja de hostigar a las trabajadoras sexuales, aumenta su poder de negociación frente a clientes y proxenetas, con lo que mejoran sus condiciones de trabajo, se reducen acoso y violencia, se reduce su consumo de sustancias ilícitas y se reducen las conductas de alto riesgo sexual, como tener relaciones sexuales sin condón.

Las prohibiciones de vicios no solo no solucionan el problema que buscan atacar, sino que lo agravan y crean aún otros problemas nuevos. Pero además, como toda política pública instituida con el objetivo de crear el paraíso en la Tierra, son contrarios a la enseñanza cristiana contenida en las palabras del propio Jesús de Nazareth, cuando advirtió que su reino no es de este mundo. Todas las utopías, incluyendo las leyes que pretenden convertir a todas las personas en santos, terminan realmente creando adefesios mucho más horrendos que el vicio que supuestamente buscan erradicar. Esto aplica con la prostitución y aplica también a la guerra a las drogas. Quizás en vez de insistir en políticas públicas fracasadas que buscan controlar vicios privados, debamos mejor recuperar este pensamiento de santo Tomás de Aquino: «La ley humana ha sido hecha para un número de seres humanos, la mayoría de quienes no son perfectos en virtud. Por ello las leyes humanas no prohíben todos los vicios, de los que los virtuosos se abstienen, sino tan solo los más nocivos... particularmente aquellos que causan daño a otros, sin cuya prohibición la sociedad humana no podría sostenerse: así, la ley humana prohíbe el asesinato, el hurto y otros similares». Hace ocho siglos Tomás de Aquino entendía que las leyes humanas no son para forzar a los hombres a ser virtuosos y, por tanto, no deben entrar a erradicar vicios. ¿Por qué cuesta tanto entenderlo en pleno Siglo XXI?

ABOGADO

‘Las prohibiciones de vicios no solo no solucionan el problema [...], sino que lo agravan y crean aún otros problemas nuevos'