¡Un gran servicio al país!

El tema constitucional ha bajado de tono y frecuencia, pero sigue en la agenda de los candidatos y candidata a la Presidencia, con diferentes aproximaciones. En las más extremas están aquellos y aquella que siguen proponiendo lanzar al país a la incierta aventura de una asamblea constituyente. Poco parece importarles que ese camino tenga como consecuencia la paralización de la recuperación económica, que es la tarea que debemos emprender con urgencia. En las posiciones más sensatas y políticamente realistas se ubican los dos candidatos que comandan las encuestas y uno de libre postulación.

En síntesis, como la disyuntiva es reformas o constituyente, conviene repasar las cuatro opciones, entre las que cabría escoger. La primera es la que sus promotores, poquísimos por cierto y sin ningún arraigo popular, llaman originaria, que no existe en el texto constitucional vigente. La segunda es la otra versión de la constituyente, la denominada paralela, prevista en el artículo 314 de la Constitución. Esta, al igual que la llamada originaria, significaría retrasar el reencauzamiento de la economía, como mínimo, por dos años y que, además, tiene el riesgo implícito de terminar en una gran frustración si, lo que sea que apruebe, se estrella con un rechazo del electorado, cuando sea sometido a su veredicto, como ha ocurrido en dos ocasiones anteriores. La tercera es la reforma de la Constitución vigente, injusta y falazmente satanizada por algunos, por la vía de las dos primeras legislaturas de la asamblea que se elegirá el 5 de mayo y una posterior consulta popular que, tampoco, excluye el riesgo de su rechazo. La cuarta es la reforma por la vía utilizada con éxito en 1994 y el 2004, o sea, mediante la aprobación por dos asambleas sucesivas, la actual y la que la reemplazará a partir del 1 de julio próximo, que no necesita del referendo.

Visto y comprobado que las iniciativas para convocar una asamblea constituyente, por la única vía constitucional posible, o sea, la paralela, han fracasado rotundamente cuando se trató de recoger firmas para apoyarlas (apenas si sobrepasaron el medio por ciento (1/2 %), de las exigidas por el artículo 314), de las cuatro opciones reseñadas, solo dos serían viables: mediante dos asambleas sucesivas o mediante dos legislaturas de la próxima asamblea y un referendo popular.

Es incuestionable que la vía más expedita y menos traumática es las de las dos asambleas sucesivas. Sin embargo, es explicable que esta encuentre considerable resistencia en importantes sectores de la ciudadanía, por la baja estimación que tienen de la actual Asamblea Nacional, a la que no le reconocen idoneidad, política o moral, para ocuparse de una misión de esa envergadura y trascendencia.

Pero siendo la vía de las dos asambleas sucesivas la que ha comprobado ser más expedita, la que causaría la menor disrupción social y la que permitiría que el nuevo Gobierno emprenda, sin desviar esfuerzos y sin retrasos políticos, la tarea esencial de reencauzar al país, para devolverlo a la senda del crecimiento económico, sería conveniente que las bancadas legislativas actuales superaran las rencillas internas y decidieran, pensando en el bienestar de la nación, tomar la iniciativa y aprobar un proyecto de Acto Constitucional reformatorio enfocado a aquellos cambios constitucionales más urgentes y necesarios.

Desde luego, no es razonable esperar que un órgano eminentemente politizado pueda transitar ese camino con facilidad; pero si lo hiciera aprovecharía una oportunidad única de hacer un gran servicio al país. La puerta, que cada día parece más estrecha, por la que deberán salir los actuales diputados, se agrandaría por el reconocimiento que la ciudadanía haría de un acto de esa naturaleza, de claro sentido patriótico.

En el ámbito de la Concertación Nacional para el Desarrollo, se vienen haciendo esfuerzos por consensuar un Proyecto de Acto Constitucional que, prestando debida atención a las varias iniciativas de reformas puntuales generadas por sectores representativos de nuestra sociedad, introduciría los cambios que con mayor insistencia se demandan como ‘urgentes y necesarios'. Ese proyecto, pendiente de su próxima discusión en el pleno de la Concertación, que sería producto del más amplio consenso de los sectores más importantes y representativos de la nación, podría ser prohijado en su estado actual por los señores diputados y diputadas y servir de base para sus deliberaciones.

Ideal sería que la Asamblea Nacional lo aprobara antes de que finalice su actual período regular de sesiones, pero si así no fuera, también podría hacerlo en un período extraordinario de sesiones convocado para después de las elecciones del 5 de mayo. Desde luego, no se escapa el hecho de que una convocatoria a sesiones extraordinarias es una potestad que la Constitución Política reserva al presidente de la República. Pero ese no sería un obstáculo insalvable. Si la iniciativa consensuada por la Concertación Nacional es la expresión del querer mayoritario de la sociedad panameña y las nuevas autoridades electas igualmente la respaldan, sería difícil que el presidente Varela no atienda su reclamo.

Creo que ese camino que, insisto es el que mejor conviene al interés nacional, es posible. Solo se requiere que se anteponga el sentido de servicio al país a cualquier otra consideración, que debe ser subalterna.

ABOGADO

‘[...] no es razonable esperar que un órgano eminentemente politizado pueda transitar ese camino con facilidad; pero si lo hiciera aprovecharía una oportunidad única de hacer un gran servicio al país'