Las sociedades como testaferros: cuando el habeas data apaga la luz

Durante años, el Derecho ha combatido una figura tan antigua como persistente: el testaferro. Primero fue el familiar obediente, luego el amigo discreto, y hoy, con sofisticación corporativa, la sociedad mercantil interpuesta. El método cambia, pero la finalidad sigue siendo la misma: ocultar al verdadero beneficiario del dinero y del poder. En este contexto, el reciente fallo sobre habeas data relacionado con el llamado hospital de mascotas, al negar el acceso a la identidad de los beneficiarios finales de una obra financiada con fondos públicos, plantea una seria preocupación institucional. Porque, bajo la apariencia de protección de datos personales, se consolida un modelo de opacidad que favorece el uso de sociedades como testaferros modernos.

Transparencia y Estado constitucional

En un Estado constitucional de derecho, la transparencia no es un adorno retórico. Es una condición estructural de la democracia. El ciudadano no solo tiene derecho a saber cuánto se gasta, sino en quién termina realmente el dinero público. Cuando se bloquea el acceso a la identidad del beneficiario final, se rompe la trazabilidad del gasto y se debilita el control social, que es el más eficaz de todos los controles. La opacidad no protege derechos: protege privilegios.

Habeas data: un derecho que no puede usarse como escudo patrimonial

El habeas data es una garantía fundamental. Protege la intimidad, la autodeterminación informativa y la vida privada. Pero no puede convertirse en un instrumento para ocultar intereses económicos cuando está en juego el uso de fondos públicos. Quien contrata con el Estado —directa o indirectamente— acepta voluntariamente un estándar superior de transparencia. No puede reclamar la misma reserva que quien desarrolla su vida patrimonial en el ámbito estrictamente privado. El dinero público transforma la relación jurídica: introduce un interés colectivo superior que justifica plenamente la publicidad del beneficiario final. Negar esa información equivale a institucionalizar la invisibilidad.

Sociedades y testaferros: una relación peligrosa

Las sociedades mercantiles cumplen una función esencial en la economía moderna. Pero cuando se utilizan para ocultar la identidad de quienes realmente controlan, deciden y se benefician, dejan de ser instrumentos lícitos de organización empresarial para convertirse en pantallas patrimoniales. La experiencia judicial demuestra que muchas tramas de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento injustificado no existirían sin sociedades interpuestas.

El fallo que impide conocer quién está realmente detrás de una empresa beneficiaria de fondos públicos estimula indirectamente esta práctica, al enviar un mensaje peligroso: Basta con operar a través de una sociedad para quedar protegido por el velo del anonimato. Y ese mensaje erosiona los pilares del control democrático.

Un contraste revelador: el Tribunal Supremo español

Resulta especialmente ilustrativo comparar esta línea con la reciente sentencia del Tribunal Supremo español de 27 de octubre de 2025, que resolvió un caso de herencia con testaferros familiares.

El Alto Tribunal fue claro: no basta figurar como propietario en una escritura si no se puede explicar el origen del dinero. Cuando no existe respaldo económico real, la titularidad formal se convierte en una cáscara vacía. Lo decisivo es la verdad económica. Este principio tiene un alcance mucho mayor que el estrictamente hereditario. Trasladado al ámbito del gasto público, su lógica es contundente: Si una sociedad recibe dinero del Estado, debe poder conocerse quién está detrás y quién se beneficia realmente. De lo contrario, se legitima el uso de sociedades como testaferros institucionales.

Beneficiario final: la clave del control moderno

Los estándares internacionales contra el lavado de activos y la corrupción —OCDE, GAFI, Banco Mundial— han sido categóricos: la identificación del beneficiario final es la piedra angular del sistema de transparencia moderna. No se trata de curiosidad pública, sino de: prevenir la corrupción, evitar conflictos de interés, impedir el uso político del gasto, proteger la igualdad en la contratación pública. La transparencia termina donde comienza el anonimato patrimonial. El verdadero riesgo: normalizar la opacidad

Cuando se impide conocer quién está realmente detrás de una sociedad que recibe fondos públicos, no se protege un derecho: se debilita una garantía democrática. La opacidad favorece: redes clientela recontrataciones dirigidas, enriquecimientos encubiertos, patrimonios inexplicables. Y cuando la opacidad se vuelve regla, el testaferro deja de ser excepción para convertirse en sistema.

Conclusión: sin luz no hay control

La democracia no se defiende con secretos, sino con transparencia. Si el dinero es público, el beneficiario final también debe serlo. Porque una regla simple sigue siendo el mejor antídoto contra la corrupción: Dime quién cobra y te diré quién manda. Y cuando el Derecho impide saber quién cobra, abre la puerta para que manden las sombras.