El libro blanco y el olvido de la dimensión política

Desde el mes pasado se viene debatiendo muy acaloradamente sobre el contenido concertado por representantes de gremios mayoritariamente de técnicos y profesionales vinculados a la atención de la enfermedad, que no es lo mismo que de la salud, quienes fueron muy pocos representados —según palabras del presidente del Sindicato de Funcionarios Administrativos del Minsa, Jorge Morales. Al documento resultante se le denominó ‘Lineamientos propuestos para la Mejora y Fortalecimiento del Sistema Nacional Público de Salud Integral, en el marco de una Política de Estado', mejor conocido como el ‘libro blanco'.

Al respecto, inicio destacando que se trata de un ejercicio que habla bastante bien de problemas y recomendaciones propios de la dimensión técnica de la gestión de salud, lo cual es entendible, por ser producido por especialistas de estas áreas técnicas. La cuestión es que esos problemas de orden técnico, están sometidos a condicionantes que se localizan en la dimensión política de la salud. En Epidemiología crítica y en Sociología de la salud decimos ‘Determinaciones sociales de la salud'. Me parece que aquí está aparte de las limitaciones de las propuestas registradas en este documento.

En efecto, los apologistas del libro blanco se manejan dentro de los criterios de Naciones Unidas que hablan de ‘determinantes de la salud', lo cual es un nivel de intervención sobre los problemas, pero que tocan muy tímidamente la dimensión política, que está por encima de estas.

Al hablar, por ejemplo, de la interrelación entre distintas instituciones se afirma que este ‘incluye a todos los actores que deben participar de forma conjunta en el abordaje de los Determinantes de la Salud, como elementos condicionantes de la salud y de la enfermedad en los individuos, familias y comunidades' (libro blanco, pág. 128). Seguidamente aseveran que los Determinantes de la Salud se definen como el ‘conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones'. Ya sabemos que la OMS evade entrar al mundo de las relaciones de poder que rigen, que condicionan, esas mismas ‘determinantes'; no obstante, este es el marco de referencia del que parte la propuesta del libro blanco. Al desdeñar este ámbito, las soluciones planteadas se convierten en recomendaciones ingenuas, ya que ignoran que las acciones institucionales quedan a merced de lo que permitan o no las fuerzas políticas y los intereses de grupos de poder.

Esto lleva a los defensores del libro blanco a plantear con mucho acierto que la atención médica debe ser ejecutada por una entidad única, un PROVEEDOR ÚNICO, de allí su recomendación de volver a la integración de los servicios públicos de salud. Lo que hace ruido aquí es que plantean una vía que no permite salir de los errores que han enrarecido la gestión de salud, esta es que quien dirija este ente sea el Minsa. La pregunta es, ¿y quién controlaría a este organismo, si ya se sabe que opera según los intereses que mueven a cada Gobierno? ¿No sería preferible un Minsa vigilante evaluador y sancionador de lo que haga mal o bien cualquier institución prestadora de servicios médicos?

En realidad, la única manera de que un proveedor único no esté sometido al vaivén de los Gobiernos es la misma opción rechazada a priori por los líderes del libro blanco, esta es, unificando —en un organismo absolutamente nuevo— a los servicios médicos de la CSS y del Minsa. Obligatoriamente tendría que tener un carácter realmente AUTÓNOMO —no la caricatura de autonomía que posee la CSS— en lo financiero, en la selección de los integrantes de su junta directiva y en su gestión administrativa.

Solo así se garantizarían los lineamientos que plantea el libro blanco en cuanto a que el sistema de salud tendría un ‘carácter Público en su gestión, Público en la provisión y Público en su financiamiento' (Op. Cit., p. 127).

La dimensión política sigue ausente en el diagnóstico y recomendaciones del citado documento, cuando nunca se les ocurrió que esos lineamientos deben estar insertos en la Constitución Nacional. Si en las reformas constitucionales, esas propuestas de un nuevo proveedor o sistema único nacional de salud, con carácter autónomo, público-público en todos sus componentes, no aparecen, cualquier modificación será borrada con artilugios legales y seguiremos dando tumbos en el camino de una efectiva salud igual para todos.

SOCIÓLOGO Y DOCENTE DE LA UP.