Imputan cargos a 12 personas por red de corrupción y blanqueo en la Operación Acrópolis

En el marco de la investigación conocida como Operación Acrópolis, la Procuraduría General de la Nación presentó este sábado, 5 de julio, ante el Órgano Judicial los resultados de un expediente complejo que contiene múltiples elementos probatorios vinculados a presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento público y corrupción de funcionarios, informaron a través de nota de prensa.

Durante la audiencia de control, que se extendió por más de 14 horas continuas, el Juzgado de Garantías declaró legales las aprehensiones. Aunque se reconoció que los señalados colaboraron con el proceso y no se justificaba una detención preventiva, se aceptaron las imputaciones presentadas por las fiscales anticorrupción.

Como resultado, el tribunal ordenó medidas cautelares distintas a la detención para los 12 imputados, incluyendo reportes periódicos, prohibición de salida del país, suspensión de cargos públicos y restricción de comunicación entre ellos. Las fiscales del caso apelaron ocho de estas medidas, considerando la gravedad de los hechos.

Según la Procuraduría, estos avances reflejan el compromiso institucional con el combate a la impunidad: “Seguiremos ejerciendo nuestras funciones con apego a la ley, defendiendo los intereses del Estado y garantizando el debido proceso”.

El pasado 2 de julio, la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Nacional llevaron a cabo la Operación Acrópolis, logrando el desmantelamiento de una red delictiva conformada por funcionarios y particulares.

De acuerdo con la investigación, los implicados falsificaron documentos y suplantaron la identidad de una empresa para desviar pagos estatales a cuentas controladas por funcionarios corruptos. La lesión patrimonial al Estado se estima en $556.000.

Durante la operación realizaron once allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Herrera. Donde los agentes de seguridad e inteligencia aprehendieron a 10 personas inicialmente, incluyendo cinco funcionarios activos, un exfuncionario y cuatro particulares. También retuvieron cuentas bancarias y se decomisaron documentos y equipos electrónicos relevantes para el caso.

La Procuraduría General de la Nación indicó que el proceso continúa bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción, que analiza el material incautado y no descarta nuevas imputaciones conforme avance la investigación.