Procuraduría imputa cargos por presunto peculado a exfuncionarios y contratistas de Conades

La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo este viernes una intensa jornada judicial en el marco de la investigación relacionada con presuntas irregularidades en proyectos de sanidad básica ejecutados a través del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), donde se investiga una lesión patrimonial al Estado de aproximadamente $18 millones.

Durante el día se realizaron ocho audiencias de control de legalidad de aprehensión correspondientes a cinco personas investigadas. Todas las aprehensiones fueron validadas por el Juzgado de Garantías, que desestimó los argumentos presentados por las defensas técnicas.

Luego de individualizar los casos, el tribunal ordenó la separación de audiencias para facilitar el avance de las imputaciones. En la primera carpeta, fue imputado y detenido provisionalmente el exsecretario de Conades. En una segunda audiencia, también fue imputado junto a otro exfuncionario, a quien se le impuso brazalete electrónico como medida cautelar.

Durante una tercera imputación, la audiencia fue suspendida por la jueza luego de formalizarse los cargos, dejando pendiente la discusión de las medidas cautelares, reprogramadas para hoy.

La jornada continuará con audiencias escalonadas hasta el mediodía, que incluyen a exfuncionarios y contratistas, según las carpetas activas. Entre las imputadas, una contratista recibió medidas cautelares que incluyen reportes periódicos dos veces al mes e impedimento de salida del país. Se espera una segunda audiencia para considerar la acumulación de medidas en su caso.

El actual secretario ejecutivo de Conades, Antonio Tercero González, informó recientemente que durante esta administración se detectó un presunto peculado por $18 millones, cometido en dos gestiones anteriores.

Según González, esta es la primera vez que se realiza una auditoría interna en la entidad, y como parte del proceso se han solicitado auditorías externas y el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

Además, se han presentado 22 denuncias penales y cinco querellas, y se remitieron 35 expedientes a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas tras los hallazgos de las investigaciones internas.

González no detalló si aún hay funcionarios activos involucrados, confirmó que toda la documentación solicitada ha sido entregada al Ministerio Público.

No obstante, el secretario ejecutivo de la entidad ha indicado en medios televisivos que las investigaciones continúan bajo estricta reserva de sumario, mientras la Fiscalía avanza con el análisis de pruebas y la identificación de nuevos posibles implicados.