Justicia para los administradores de justicia

La Justicia sigue como la tarea pendiente de todos los Gobiernos. Es la cenicienta de todos los Gobiernos. Será porque no da votos y los políticos solo piensan en votos.

Muchos critican el sistema de justicia sin conocer sus problemas. Es más, muchos ni siquiera saben dónde quedan los tribunales, pero cada vez que tienen un micrófono por delante alzan su voz para criticar, todo bajo el principio “mueran Sansón y todos los filisteos”, como si cada uno de ellos fuese Sansón clamando a Jehová en la hora en que se apoyó en las columnas de la casa llena de filisteos.

El problema de la justicia no solo es monetario (que eso es una gran parte) ni de leyes. Parte del problema es que el escarnio público contra funcionarios judiciales se hace sin discriminación. Pasan por alto que en el sistema hay hombres y mujeres con muchísimos años de acrisolado servicio; unos con más de 50, otros con más de 40 o 30, sin que jamás hayan sido acusados por faltas a la ética judicial, pero, porque no tienen padrinos políticos o amistad de negocios con los que mandan, no son tomados en cuenta para llegar a magistrados de la Corte Suprema.

Y ahora, que por mandato constitucional deben nombrarse dos magistrados en la Sala Penal de la Corte, el momento es oportuno para hacer justicia a uno de esos funcionarios judiciales. Es la oportunidad para hacer valer la meritocracia y no la dedocracia.

Es más, el día que corresponda reformar, a través de una Constituyente, la Constitución debe establecerse que cada Sala de la Corte debe estar integrada por al menos un magistrado que salga de los magistrados de la especialidad; en este caso un magistrado de los Tribunales Superiores Penales y así debe ser con la Sala Civil y la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Nunca una de las Salas debe quedar sin representación de un magistrado que provenga de los Tribunales Superiores de la rama respectiva.

Y ya que hablamos de nombramientos en la Corte, es bueno advertir a la Comisión Evaluadora, a sus miembros, que a cada candidato a magistrado se le pregunte “si ha sido, o no, llamado a responder por faltas a la ética judicial (caso de funcionarios judiciales) o falta a la ética profesional (caso de abogados)”.

En la ocasión anterior, en que tuvo intervención el Pacto de Estado por la Justicia, apareció como recomendado un funcionario que fue llamado a responder por falta a la ética por el Pleno, por unanimidad, de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ocurrirá ahora lo mismo?

Está en juego la justicia y la credibilidad del Pacto y de la Comisión Evaluadora.

Los nombramientos en la Sala Penal son vitales para la democracia. Son, a mi juicio, los más importantes que deberá hacer el Gobierno del presidente Cortizo. Esos nombramientos son vitales para combatir la corrupción.

Un administrador de justicia, además de ser transparente, independiente, honrado, conocer de Derecho, el atributo más importante es la valentía, que no sufra de temores ni le tiemble la mano a la hora de enviar a la cárcel a los corruptos.